El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha asegurado este miércoles que los cárteles desmantelados entre el 2011 y el 2015 por la autoridad de competencia supusieron un ahorro para los consumidores de 640 millones de euros al año. Teniendo en cuenta solo los dos años completos desde la creación del organismo (antes se ocupaba de ello la Comisión Nacional de la Competencia), la cifra aumenta hasta 1.260 millones al año.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, Marín ha destacado que el año pasado el organismo impuso multas por prácticas nocivas contra la competencia por valor de más de 500 millones. El 2015, ha subrayado, fue un año récord de sanciones, en el que se desarmaron y sancionaron un máximo histórico de 14 cárteles.

"La cuantía de las sanciones no siempre es equiparable, a veces ni de lejos, al daño que producen los cárteles", ha lamentado, con todo, antes de insistir en que las multas "continúan estando lejos de ser disuasorias". En este sentido, ha pedido a los diputados modificar la ley que regula la sanciones del 2007 y se ha mostrado confiado en que la transposición a la legislación española de la directiva de daños europea permita que los consumidores ejerzan acciones colectivas para reclamar daños por estas conductas. "Contribuirá a que las empresas se lo piensen dos veces", ha mantenido.

CRÍTICAS

En el ámbito de la energía, el presidente de la CNMC ha lamentado que su organismo sea "el único regulador de la energía de la UE cuyas decisiones en ámbitos muy relevantes no son vinculantes". La Comisión Europea, ha recordado, tiene muy avanzado un procedimiento contra España por ello que derivará en unas "importantes sanciones" si no se cambia la ley. Esta modificación legal, ha defendido, "evitaría que los Gobiernos hicieran política industrial a través de las tarifas eléctricas, algo esencial para el bienestar de los consumidores en el largo plazo". También ha admitido que "el recibo de la luz continúa siendo demasiado complejo" de entender para los ciudadanos.

Asimismo, ha criticado que la CNMC no pueda fijar las tarifas de Aena y lo haga el Gobierno, siendo el "principal accionista de la compañía", ha lamentado que Correos no disponga del plan de prestación del servicio postal universal que le exige la ley desde el 2010, y ha reclamado a los grupos de interés que se apunten al registro de lobis creado por el organismo.

Marín Quemada, además, ha defendido el informe de finales de agosto en que su organismo abogó por la expansión de las gasolineras desatendidas ("automáticas", según la CNMC). Ayudarían, ha argumentado, a abaratar los precios, estarían controladas de forma remota, no supondrían un problema de seguridad si se aplica la normativa adecuada y tendrían un efecto limitado en el empleo ya que la mayoría de las estaciones solo tienen un trabajador. En Dinamarca, ha añadido, suponen el 65% del total, frente al 60% de Suecia, el 23% de Holanda y el 20% de Bélgica. "¿Que no interese a todos? Eso es otra cosa", ha concluido.