La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha vuelto a incoar expediente sancionador en el sector de la gestión de residuos y el saneamiento urbano y lo ha ampliado a un total de 51 empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia.
De esta manera, el organismo que preside José María Marín Quemada vuelve a la carga contra el presunto cártel en el sector de recogida de basuras después de que la Audiencia Nacional haya anulado las sanciones por un total de 98 millones de euros que impuso a 30 firmas del sector en el 2015.
En la secuencia de sentencias producidas entre diciembre del 2017 y febrero del 2018, la Audiencia Nacional anuló las sanciones por defectos de forma en su planteamiento, sin entrar a cuestionar el fondo de las conductas denunciadas (reparto de clientes y acuerdo de precios y condiciones).
Ahora, el organismo ha vuelto a incoar un nuevo expediente en el que corrige los defectos de forma detectados y lo amplía a un número mayor de empresas (51), entre las que figuran filiales del ramo de FCC, Sacyr y Ferrovial, así como Urbaser (firma que un grupo chino compró el pasado año a ACS) y la patronal del sector Aselip.
En esta ocasión, las conductas ya no se consideran objeto de una infracción única y continuada sino que se investigarán de forma individualizada para subsanar el defecto detectado por la Audiencia.
Es la primera vez que este organismo reinicia un proceso sancionador tras haber sido anulado por el tribunal. De este modo, la apertura de un expediente no prejuzga el resultado de la investigación, sino que inicia un plazo de 18 meses para su instrucción y resolución.
La persecución de los cárteles constituye uno de los principales objetivos del órgano que preside José María Marín Quemada ante el daño que asegura provocan en el conjunto de la economía este tipo de concertaciones contrarias a la legislación sobre competencia.
