El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, reveló ayer que su organismo está analizando si el Banco Popular, intervenido y vendido al Santander el pasado junio por un euro, ocultó pérdidas en sus últimos años.

La entidad anunció hace unos meses que perdió 12.000 millones de euros entre enero y junio, cuando sus números rojos eran de 137 millones hasta marzo y de 3.485 millones en el 2016, mientras que en el 2015 ganó 105 millones y en el 2014, 330.

La CNMV está estudiando «en qué medida es razonable imputar esos resultados en su integridad a los seis primeros meses del 2017, periodo en que se produjo la resolución, o si al menos en parte debían haberse imputado a ejercicios anteriores». Esta actuación pone bajo lupa la gestión de los dos últimos presidentes del Popular: Emilio Saracho (febrero a junio del 2017) y, sobre todo y en mayor medida, Ángel Ron (del 2002 a febrero del 2017).

El primero ya anunció el pasado abril que iba a realizar un ajuste de los resultados del 2016 elaborados por el segundo tras detectar un desfase de más de 630 millones. Una operación que investiga la CNMV para aclarar la «naturaleza y causas» de aquellos ajustes, entre ellos la ocultación de créditos que se habían dado a accionistas de la ampliación de capital del 2016 para que su inversión no se restase del capital. La investigación podría causar problemas a Ron o Saracho porque podría acabar en sanciones.

Ante la comisión de investigación de la crisis en el Congreso, Albella anunció también que la CNMV ha requerido información sobre la remuneración de los consejeros del Popular, «de los que podrían derivarse consecuencias sancionadoras». En particular, se refirió a la necesidad de «claridad» sobre pensiones o «planes de previsión a largo plazo», probablemente en relación a los derechos adquiridos por Ron (1,1 millones al año hasta su jubilación, para los que el banco reservó 24 millones).