La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC) ha impuesto una sanción de 29,17 millones de euros a 23 fabricantes de cemento y hormigón por pactar precios y repartirse el mercado. El mayor varapalo se lo llevan las cementeras que infringieron la libre concurrencia en el 2013 y el 2014 en todo el mercado español. Las productoras de hormigón llevaron a cabo diferentes tipos de actuaciones anticompetencia por áreas geográficas. A juicio del regulador, con estas prácticas, las compañías contribuyeron al "encarecimiento de la obra pública" y de las viviendas.

En el negocio del cemento, Portland Valderrivas, del grupo FCC, con 10,2 millones se lleva la mayor multa; seguida por la filial de la mexicana Cemex, con 5,88 millones; además de la suiza Holcim, con 4,4 millones; y la francesa Lagarge, con 1,1 millones, que en la actualidad forman parte del mimso grupo.

En el caso del hormigón, el periodo más prolongado de acuerdos anticompetencia se dieron la zona noreste (Catalunya) entre 1999 y el 2014, con la participación de seis empresas, entre ellas Promotora Mediterránea 2 (Promsa), de Ciments Molins), a la que le cae una sanción de 2,3 millones; o Betón Catalán, del grupo irlandés CRH, con una multa del mismo importe.

Las actuaciones sancionadas en esta zona se iniciaron en 1999 a partir de un "acuerdo de caballeros" mediante el que consensuaron una lista de "clientes adictos" y unos precios de referencia que permitieran "la rentabilidad deseada y la estabilidad de cuotas prefijadas", según la CNMC. Las prácticas se prolongaron "mediante diversos mecanismos" hasta el 2014.

En la zona sur (Andalucía), las actuaciones multadas afectan a 14 compañías hormigoneras que constituyeron una "mesa de hormigón", "club" o "mesa de Sevilla" para intercambiar información comercial o acordar reuniones a través del correo electróníco o whatsapp. El periodo en el que se han acreditado estas prácticas va del 2005 al 2014.

ZONA CENTRO

La última área geográfica implicada es el centro, donde se ha acreditado la participación de 8 hormigoneras. Entre el 2009 y el 2014, las firmas impliciadas desarrollaron diversas estrategias. Una de ellas "ofertar un precio del hormigón por encima del competidor que tenía asignada una obra o un cliente en concreto".

La CNMC destaca la gravedad de las cuatro infracciones del artículo 1 de la ley de defensa de la competencia por el hecho de que los mercados del cemento y del hormigón "están verticalmente relacionados y constituyen el 'input' necesario para otros sectores relevantes de la economía, en especial el sector de la construcción y el de la obra civil".

En este sentido subraya que las conductas "afectan a los consumidores de forma indirecta, a través del encarecimiento de la obra pública; o bien de forma directa a la hora de adquirir una vivienda u otra edificación de uso privado". Y recuerda que el sector de la construcción supone casi el 5% del producto interior bruto (PIB).

El regulador recuerda que contra esta resolución no cabe recurso en la vía administrativa y que la única opción es el recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación.

A su vez destaca que la investigación de cárteles es una de las prioridades de la CNMC. Este organismo entiende que este tipo de asociaciones presentan "una especial gravedad" por sus consecuencias sobre "los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados".