El Gobierno se comprometió ayer a estudiar junto a patronal y sindicatos la consolidación de parte de las ayudas públicas habilitadas de manera excepcional durante los primeros compases de la pandemia. Así lo recoge el Acuerdo por la reactivación económica y el empleo rubricado ayer en Moncloa por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. Este documento también deja constancia del compromiso, más simbólico que efectivo, de las empresas de minimizar los despidos e incentivar la recontratación de los temporales despedidos (casi 850.000 empleos en marzo). El espíritu del acuerdo firmado ayer por el Gobierno y los agentes sociales es promover una gestión y salida de la crisis que supongo «un reparto del coste equitativo entre los distintos agentes», según el texto. Para ello, una de las contrapartidas introducidas desde el Ejecutivo para incentivar a las empresas a minimizar los despidos es «consolidar» el papel de los ertes en el marco de relaciones laborales. Un mecanismo que ya existía previamente a la crisis de la covid, pero que no ha sido de uso generalizado hasta esta. Tanto desde la bancada sindical como desde la patronal han manifestado en anteriores ocasiones su predisposición a reformar este mecanismo e incorporar elementos vigentes en otros países. Con el ejemplo de Alemania y su Kurzarbeit como referencia compartida en muchos aspectos entre los agentes sociales. El Gobierno acordó ayer con los agentes sociales abordar la negociación de esa «consolidación», con el 30 de septiembre como primera fecha límite. Pues entonces es cuando vencen los actuales incentivos a los ERTE del covid. «Aspiro y pido que se mantengan los cauces habituales del dialogo social», declaró el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Pues uno de los compromisos rubricados ayer es «reactivar de inmediato» las mesas de diálogo social, una de las cuales negociaba la derogación parcial de la reforma laboral.
