El Congreso de los Diputados ha aprobado el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) entre Europa y Canadá, polémico acuerdo comercial que, según la Comisión Europea, tendrá un impacto anual positivo de 12.000 millones de euros en la Unión Europea y de 8.000 millones en Canadá. El dictamen ha salido adelante pese a la abstención del PSOE, ya que han votado a favor el PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT y CC. Unidos Podemos, ERC y Compromís han votado en contra.

Los partidos de izquierdas han considerado que la negociación del acuerdo se ha llevado bajo un sospechoso manto de opacidad y que su redactado final beneficia especialmente a las multinacionales. CCOO y UGT han criticado que el acuerdo merma los derechos de los trabajadores y cede soberanía nacional.

CÁLCULOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Según cálculos de la Comisión Europea, el CETA reducirá el 99% los aranceles recíprocos, la mayor parte con su entrada en vigor y todos los industriales siete años después. Esto supondrá, según sus cálculos, el ahorro de los 400 millones de euros al año que las empresas europeas pagan anualmente por sus exportaciones a Canadá, una cifra que se elevará a 500 millones al final de los periodos transitorios, lo que redundará en una mejora de la competitividad.

CONTRATOS PÚBLICOS

La Comisión Europea defiende entre las principales virtudes de este acuerdo que permitirá a las empresas de la Unión Europea acudir a las licitaciones de contratos públicos canadienses y ofrecer sus servicios en el país, una apertura que no afectará a los servicios públicos. También abre la puerta a la homologación recíproca de normas que afectan a productos manufacturados -evitando el coste de dobles ensayos-, el refuerzo de la protección de patentes farmacéuticas y la convalidación de títulos universitarios.

PROTECCIÓN

Uno de los aspectos destacados del acuerdo es que prohibirá vender en Canadá imitaciones de 143 especialidades gastronómicas europeas, características de determinadas zonas o regiones. El acuerdo no abrirá el mercado de aves de corral y huevos y establecerá contingentes limitados para productos especiales, como la carne de vacuno y porcino europeos o los lácteos canadienses.

POLÉMICA

Para proteger estas inversiones, el CETA crea un mecanismo de resolución de diferencias denominado Sistema de Tribunales de Inversiones, que según la Comisión es público, transparente y con jueces profesionales pero que ha resultado uno de los aspectos más polémicos del acuerdo. Pese a ello, es uno de los puntos más controvertidos del CETA. El sistema de tribunales privados de arbitrajes, conocidos técnicamente como ICS, se han diseñado para resolver los litigios entre inversores y estados de forma que se estandaricen marcos normativos y se aceleren las sentencias. Los movimientos antiglobalización consideran que se trata, en realidad, de un sistema que coloca en manos privadas con intereses oscuros la capacidad de los estados de administrar Justicia.