El pleno del Congreso avala por amplia mayoría la proposición de ley de Junts per Catalunya para poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad, que las pymes y autónomos llevan una década reclamando. Así lo han manifestado todos los grupos antes de la votación.
La proposición de ley prevé sanciones de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y de hasta un millón de euros para las más graves. Asimismo, también incluye la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente.
A pesar del apoyo mayoritario que se han anunciado el PSOE, el PP, VOX, Unidas Podemos, ERC, PNV, Foro Asturias y la Cup, enter otros, la mayoría de grupos quieren introducir enmiendas para modificar un texto que también pide reformar la Ley del IVA, que era uno de los puntos en los que discrepaba el Gobierno.
La iniciativa fue una de las medidas de consenso alcanzados con los grupos hace dos legislaturas, cuando el Congreso y el Senado tramitaron sendas proposiciones de ley de Ciudadanos y del PDeCAT, predecesor de Junts.
Hace solo un par de meses, el PSOE y Junts pactaron la puesta en marcha de un régimen sancionador contra la morosidad como parte de las políticas de reconstrucción económica frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, incluyendo esta recomendación en el dictamen elaborado por el Congreso.
Según el presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, la iniciativa tiene garantizado superar este primer trámite parlamentario, según los compromisos que le han venido dando durante estos días la práctica totalidad del arco parlamentarios. Esta organización junto con Pimec han sido las que más ha exigido un régimen sancionador. Y más desde que entró en vigor en el 2010 la ley que establecía el plazo legal de pago entre empresas en 60 días y en 30 cuando la contratista es la Administración.
Este es un paso imprescindible para tratar de evitar que la situación de crisis rompa la cadena de pagos, pues desde su plataforma estiman que el 70% de las empresas, grandes y pequeñas, tendrá problemas de liquidez que encarará con el retraso de sus pagos.
"Romper la cadena de pago puede ser una catástrofe sin precedentes, necesitamos obligatoriamente actuar en los estados corrientes de las empresas", ha asegurado Cañete, que anticipa que, en el peor escenario económico proyectado por el Banco de España, con una caída de hasta el 15% del PIB, el conjunto de empresas requerirá de 238.000 millones de euros.
Junts registró esta proposición de ley el pasado mes de mayo, tras el veto del Gobierno a una propuesta anterior, por suponer una pérdida de 9.639 millones de euros en los ingresos previstos por la recaudación de IVA en el 2020.
Ante este veto, Junts decidió presentar de nuevo la misma iniciativa, pero retrasando la entrada en vigor de las modificaciones del IVA al 1 de enero del año siguiente al de su aprobación, y así sortear la prohibición de afectar los ingresos previstos para este ejercicio.
Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar el debate de iniciativas legislativas si considera que supone una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos, y lo habitual es que la Mesa del Congreso lo asuma.
