E l pleno del Congreso ha avalado por amplia mayoría tramitar la proposición de ley de Junts per Catalunya para poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad, que las pymes y autónomos llevan una década reclamando. La proposición de ley prevé sanciones de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y de hasta un millón de euros para las más graves. Asimismo, también incluye la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente.

A pesar del apoyo mayoritario que se han anunciado el PSOE, el PP, VOX, Unidas Podemos, ERC, PNV, Foro Asturias y la Cup, entre otros, la mayoría de grupos quieren introducir enmiendas para modificar un texto que también pide reformar la ley del IVA, que era uno de los puntos en los que discrepaba el Gobierno.

La iniciativa, defendida por su portavoz económico en el Congreso, Ferrán Bel, fue una de las medidas de consenso alcanzados con los grupos hace dos legislaturas, cuando el Congreso y el Senado tramitaron sendas proposiciones de ley de Ciudadanos y del PDeCAT, predecesor de Junts.

Bel se refirió a la morosidad como «una lacra», teniendo en cuenta que, si el plazo legal marca un límite de 60 días, el periodo medio de pago de empresas alcanza los 85 días, pero el de las más grandes, las cotizadas del Ibex 35, llega a 169 días. «Algunas cumplían y otras alcanzaban 300 días», incidió, señalando que las empresas renuncian a denunciar por miedo a perder clientes. Hace solo un par de meses, el PSOE y Junts pactaron la puesta en marcha de un régimen sancionador contra la morosidad como parte de las políticas de reconstrucción económica frente a la crisis provocada por la pandemia de covid-19, incluyendo esta recomendación en el dictamen elaborado por el Congreso.

Según el presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, la iniciativa tiene garantizado superar este primer trámite parlamentario, según los compromisos que le dado durante estos días la práctica totalidad del arco parlamentario. Esta organización ha sido las que más ha exigido un régimen sancionador. Y más desde que entró en vigor en el 2010 la ley que establecía el plazo legal de pago entre empresas en 60 días y en 30 cuando la contratista es la Administración.

Este es un paso imprescindible para evitar que la situación de crisis rompa la cadena de pagos, pues desde su plataforma estiman que el 70% de las empresas tendrá problemas de liquidez que encarará con retrasos en los pagos. H