El Congreso ha convalidado este miércoles la prórroga de los ertes de la covid hasta el 30 de septiembre. La cámara legislativa da luz verde así con un apoyo mayoritario de los partidos políticos al acuerdo cerrado hace tres semanas por el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Y lo hace bajo la sombra de nuevos rebrotes, con focos de contagio en Lleida, Hospitalet de Llobregat y las provincias de Zaragoza y Huesca, entre otros. Esta casuística viene contemplada en el contenido aprobado este miércoles por el Congreso, que permite a las empresas afectadas por nuevas restricciones volver a acogerse a exoneraciones de cuotas en caso de tener que cerrar temporalmente.

La Cámara baja ha convalidado el real decreto que prorroga los incentivos públicos a los ertes hasta el 30 de septiembre, en un momento en el que algo más de dos millones de trabajadores (de los 3,4 millones que llegaron a estar afectados) se han reincorporado al trabajo; según los últimos datos de la Seguridad Social. Aunque también en un momento en el que hay empresas que se están viendo obligadas a invocar la disposición adicional primera del real decreto que convalido hoy el Congreso, y que habilita exoneraciones de entre el 80% y el 60% para aquellas compañías que deban volver a un erte de fuerza mayor fruto de un rebrote.

El acuerdo social en defensa del empleo contempla un sistema de exoneraciones para los ertes parciales que incentiva que las compañías reincorporen progresivamente a sus trabajadores. De entre el 60% y el 40%, según la dimensión de la compañía, y tanto para los expedientes de fuerza mayor como para los de causas objetivas. El acuerdo también refuerza las garantías para el empleo (prohíbe las horas extras y las nuevas externacionales, entre otros) y mantiene las prestaciones para los trabajadores afectados.

MILES DE TRABAJADORES PENDIENTES DE COBRO

Los ertes de la covid se prorrogan hasta el 30 de septiembre, aunque una minoría de trabajadores todavía arrastran problemas a la hora de cobrar su prestación. Los datos oficiales referentes al mes de junio constatan menos de un 1% de impagos, aunque sindicatos y patronales desconfían de esa cifra y hablan de miles de ocupados que o bien no han cobrado, o bien están sufriendo errores con las cuantías de los pagos. Testimonios consultados por EL PERIÓDICO hablan de unas oficinas de empleo colapsadas en lo que respecta a la atención al público. Lo que convierte en una ardua tarea el trámite de reclamar las prestaciones pendientes o incluso el de devolver los importes que nunca debieron de cobrarse.

Se han resuelto y se han abonado todos los expedientes que correctamente han entrado en el Servicio Público de Empleo, declaró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado martes en el Senado. Los datos que esgrimió la ministra dan cuenta de un total de 2.840.735 prestaciones pagadas con la nómina del mes de junio; una cifra ligeramente inferior a los 2.911.000 trabajadores que comenzaron en erte dicho mes, según la Seguridad Social. Un desfase de cerca de 70.000 prestaciones que desde Trabajo explican debido a errores de trámite por parte de las empresas. Pues si al SEPE entra una solicitud de prestación con errores, los servidores públicos deben retornar dicha solicitud a la empresa y esperar a que esta vuelva a enviarla subsanada.

Tanto patronales como sindicatos coinciden en exigir al Gobierno un refuerzo inmediato de las plantillas del SEPE para poder resolver las incidencias. "El volumen de trabajo del SEPE no ha bajado, difícilmente si no se refuerza la plantilla podrán ser ágiles", afirma la directora de relaciones laborales de Pimec, Elena de la Campa. Pues si bien el número de expedientes ha disminuido, la complejidad de gestión de los que quedan aumenta. En tanto que las empresas están transitando hacia ertes parciales y modifican las jornadas de sus empleados en función de la evolución de la demanda. Lo que implica para el SEPE varias comunicaciones en un mismo mes.

"Si una administración no tiene recursos difícilmente podrá garantizar los derechos del ciudadano", denunció en rueda de prensa hace unos días la sindicalista de CCOO de Catalunya, Neus Moreno. Pues el número de efectivos del SEPE se ha ido reduciendo en la última década y desde el 2013 ha caído el 22%, hasta los actuales 7.979 efectivos de los que disponen actualmente las oficinas públicas de empleo.

DESPLIEGUE DE RECURSOS SIN PRECEDENTES

La emergencia sin precedentes que ha supuesto la covid ha provocado una movilización sin precedentes de recursos públicos para proteger rentas. En la nómina del mes de junio el SEPE invirtió un total de 4.115 millones de euros, el 182% más que en junio del año anterior. El gasto en blindar a la población trabajadora acumula en lo que va de pandemia (desde marzo a junio) 12.258,2 millones de euros, entre ertes, prestaciones de paro y otros subsidios. A lo que cabe sumar las exoneraciones a las empresas de las cotizaciones a la Seguridad Social, que según la calculadora del ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, ascenderá hasta los 11.000 millones de euros hasta el 30 de septiembre.