Si ayer el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo,considerado 'número dos' de la trama Gürtel, optó por introducir en el juicio la teoría de la preparación de una operación policial contra el PP, este martes optó por tratar de eludir la responsabilidad que le corresponde por sus firmas en documentos y facturas de las empresas de Francisco Correa, negándose a pronunciarse sobre los documentos que se le exhibían si no los veían en papel.

No obstante, acabó admitiendo que Pasadena Viajes organizó "decenas, si no centenas" de viajes para cargos y empleados del Partido Popular, y que las siglas PC que aparecen en el reparto de los beneficios de Spinnaker se corresponden con él, aunque las atribuyó a "los trabajos" realizados para el partido en las campañas municipales de 2003 y las generales de 2004, en las que otras de las sociedades de Correa, Rialgreen, se ocupó hasta de los lemas: "Por las personas, por ti", en la primera, y "Juntos vamos a más", en las de 2004.

En la contabilidad de la trama aparecen como beneficiarios de Spinnaker, además de Correa y Crespo, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, el exdiputado del PP Jesús Merino, y el exeurodiputado también por este partido Gerardo Galeote, al que no se juzga por prescripción.

La vista se tuvo que interrumpir dos veces en apenas diez minutos: una vez para que se le mostrara físicamente el 'pendrive' con la contabilidad de la trama por el que le preguntaba la fiscala Concepción Sabadell y otra para que se le mostrara un documento concreto en el que aparece su firma.

La respuesta que Crespo repitió toda la jornada consistió en que el documento mostrado por el tribunal a través de la plataforma digital mediante la que se ha notificado toda la causa podía haber sido manipulado, por lo que, si no se le exhibía en papel no podía pronunciarse sobre él.

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, evitó nuevas interrupciones de la sesión y recordó al acusado que la exhibición física de los documentos, en los que consta cómo Crespo realizó pagos a algunos de los políticos acusados, como el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, va contra la “política de papel cero” de la Audiencia Nacional, que durante toda la instrucción del caso ha notificado sus resoluciones a través de la plataforma digital de la que ahora discrepan los acusados y sostienen que les genera indefensión.

La defensa de Crespo, ejercida por Miguel Durán, que fue director general de la ONCE en los noventa, anunció la interposición del correspondiente recurso de casación alegando indefensión. Sostuvo que por su ceguera él no podía comprobar los documentos por los su cliente era interrogado.

En un momento dado, Hurtado le pidió al acusado el documento en papel que estaba viendo para compararlo con el que aparecía en pantalla, de la plataforma digital. El presidente recurrió a la ironía: "No veo tanta diferencia entre uno y otro para que no pueda contestar".

Pese a ello, Crespo sólo respondió sobre los documentos que se le mostraban en papel, aunque sí negó haber tenido "capacidad de disposición sobre nada que no fuera contabilidad oficial de las compañías” de Francisco Correa, lo que le impedía el acceso a la caja B, o haber entregado "en la vida" o "jamás un céntimo a Sepúlveda", por ejemplo. En una de las ocasiones que la fiscala se interesó por un documento en el que constan "Entradas Pablo" por distintas cantidades al exalcalde de Pozuelo, Crespo le respondió: “No sé cómo explicarme para que usted me entienda”.

El 'número dos' de la trama reconoció durante la sesión fue haber utilizado la cuenta de correo "Lalocadechueca" en sus comunicaciones con otra de "Maxwell Smart" (como el televisivo agente 86), desde la que se gestionaban transferencias de dinero a Singapur y Suiza.