Las cuentas de las comunidades autónomas acusan el frenazo inmobiliario. La venta de viviendas de segunda mano cae y se traduce en una menor recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) que cobran las autonomías por cada operación (en viviendas nuevas se aplica el IVA) y el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), sobre escrituras e hipotecas.

En los ochos primeros meses del año la recaudación del conjunto de las autonomías por el ITP y AJD ha caído el 3,29% en relación al mismo periodo del 2018, hasta los 5.805 millones. En septiembre, la tendencia habría sido similar, según los datos a los que ha tenido acceso este diario. La caída cobra cariz de desplome si se tiene en cuenta que las comunidades habían presupuestado un aumento del 15% para este año, lo cual da una brecha de 18 puntos entre lo que se había previsto y lo que se está ingresando.

El descenso medio de la recaudación del 3,29% roza el 12% en el caso de Baleares y el 8,5% en Madrid. En Cantabria y Castilla y León la recaudación por ITP y AJD ha subido más del 8%.

La venta de vivienda usada ha caído el 3,5% en el primer semestre (hasta un total de 252.325 unidades), según los datos del Ministerio de Fomento. Este tipo de transacciones ha bajado en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Valencia, Madrid, Navarra y País Vasco.

En todo caso, lo importante a efectos fiscales es el valor de las operaciones realizadas. El importe total de la compraventa de viviendas de segunda mano ha bajado el 1,2%, hasta los 37.041 millones de euros.

Si baja el precio, cae el impuesto, que es lo que sucede en el conjunto de país, en general, y en particular en las comunidades de Baleares (donde el valor de las transacciones desciende el 13%), Canarias y Valencia (-4,3%) y Madrid (-6,8%).