La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha deshojado por fin la margarita: los dictámenes de la nueva Autoridad de Protección del Cliente Financiero serán de obligado cumplimiento para las entidades financieras. Es una cuestión clave, ya que las decisiones de los actuales servicios de reclamaciones que va a asumir el nuevo organismo (los del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros) no son vinculantes, con lo que es habitual que las empresas las desoigan cuando dan la razón al cliente, abocando a estos al largo y costoso proceso de los tribunales. El nuevo servicio, además, será gratuito para los ciudadanos, que no necesitarán abogado ni procurador.

La ministra no tenía tomada una decisión hace apenas semana y media, pese a que el Banco de España y la CNMV eran partidarios de los dictámenes obligatorios. La sorprendente decisión del Tribunal Supremo de que los clientes paguen el impuesto de las hipotecas lo cambió todo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó cambiando la ley para obligar a los bancos a abonarlo, y de paso anunció la creación de la autoridad.

El Gobierno llega tarde: debería haber presentado un proyecto para crear el organismo antes del 3 de julio, según una ley del 2017. Pese a ello, hasta la decisión del Supremo la ministra se había limitado a encuadrar su nacimiento en el marco de un libro blanco sobre la reforma de los supervisores que tenía previsto publicar en el otoño, según anunció en una entrevista en este diario. La polémica sobre el impuesto le ha obligado a acelerar los trabajos.

DESAHUCIOS / En respuesta a una interpelación de Unidos Podemos, Calviño también anunció en el Congreso una iniciativa para evitar una nueva oleada de desahucios. Economía va a impulsar que el endurecimiento de los trámites para iniciar la ejecución de los créditos previsto en la ley de contratos hipotecarios en tramitación parlamentaria solo afecte a los contratos firmados tras su entrada en vigor.

El anterior Gobierno había previsto que tuviera efectos retroactivos. El problema es que hay miles de procesos paralizados a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determine si la normativa española todavía en vigor es abusiva.

Su abogado general ya se ha pronunciado a favor de que todos estos procedimientos sean sobreseídos. Pero si la ley hipotecaria se cambia de manera retroactiva, se corre el riesgo de que los desahucios frenados que probablemente se consideren excesivos pasasen a estar justificados por la nueva normativa.