El abogado defensor de Miguel Blesa en el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid ha reiterado este viernes que las pruebas aportadas por la acusación, las tablas de excel con los gastos efectuados, han sido manipuladas y empleadas de manera indebida y no de buena fe. El letrado considera que los 65 investigados han sido "ipso facto laminados" en el proceso judicial y que lo que se ha buscado ha sido "cortarles la cabeza" con una "condena anticipada".

Durante la presentación, el letrado Carlos Aguilar ha pedido la absolución para el expresidente de la caja, ya que en su opinión "los hechos no han quedado acreditados y por tanto no se ha demostrado la existencia del hecho delictivo". En su opinión, los usuarios de esas tarjetas han visto "laminada" su reputación y su imagen pública, con la intención "de que se les corte la cabeza, como en Alicia en el País de las Maravillas", a causa de un proceso "de origen oscuro" iniciado a instancia del FROB, y en el que se han aportado unas pruebas que han sido manipuladas y que, en modo alguno, se pueden considerar legítimas y pruebas de cargo.

Aguilar ha asegurado que existían acuerdos societarios que amparaban el uso de estas tarjetas, que eran además sobradamente conocidas y cuya contabilización siempre ha sido la misma; pretender que se trataba de un sistema "clandestino", ha dicho, es faltar a la verdad.

Durante la exposición de conclusiones de la defensa, el letrado ha sido contundente al describir el proceso: "Se consigue que les corte la cabeza; ya tendremos luego ocasión de juzgarles. Eso es lo que se ha buscado aquí". "La contabilización de estas tarjetas ha sido exactamente la misma desde mayo de 1988 hasta el 2012, nunca se ha variado porque el sistema ha sido el mismo y era perfectamente conocible y accesible a cualquiera que tenía la obligación de revisarlo", ha expuesto, responsabilizando del nacimiento de esta práctica al antecesor de Blesa, Jaime Terceiro.

El letrado ha alegado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que las acusaciones han empleado las pruebas presentadas --especialmente el informe de auditoría de Bankia elaborado por KPMG y la hoja Excel con el desglose de gastos-- "de manera indebida y sin respeto a la buena fe".

Dichas pruebas presentadas por Bankia ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal, que ejerce la acusación particular, están "manipuladas" y no tiene elemento probatorio. "En absoluto existe una prueba legítima de cargo", ha alegado, para añadir que este proceso judicial tiene un origen "ciertamente oscuro". El Ministerio Fiscal no aplicó la atenuante de reparación de daño a Blesa, para el que pide seis años de prisión por cargar a su tarjeta 436.688 euros. El exdirectivo precisó en su declaración ante el tribunal que su tarjetas era de libre disposición y que los organismos reguladores nunca pusieron tacha a esta práctica.

Se trata de la décimo octava sesión de juicio en el que se dirime si los 65 encausados cometieron o no delito por el uso de las tarjetas presuntamente opacas y a las que cargaron compras en joyerías, restaurantes, menaje o artículos de lujo y personales por valor de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012.