La próxima gran reforma laboral podría estar impulsada por el avance de la cuarta revolución industrial. La digitalización ya está presente en casi la totalidad de los procesos productivos, la nueva economía colaborativa ha cambiado las relaciones laborales sin apenas darnos cuenta y la robotización se ha colado en las líneas de producción para quedarse. La denominada cuarta revolución industrial está cambiando el mercado laboral tal y como lo conocemos, lo que pone en jaque la legislación actual y amenaza los derechos de los trabajadores.
Los expertos lo tienen claro: el mercado laboral tendrá que enfrentarse en los próximos años a una transición «dura» motivada por la robotización y la digitalización de las tareas, y el cambio traerá consigo una destrucción de empleo primero y una transformación después. Estudios recientes abonan la tesis de que cerca del 55% de los actuales puestos de trabajo son susceptibles de ser automatizados, pero sea cual sea la estimación que se realice, todo apunta a que la configuración de los nuevos empleos que puedan crearse -250.000 nuevos en España, según los últimos datos de CEOE- va a cambiar.
De la nueva legislación que se impulse en los próximos años y su capacidad para adaptarse al nuevo escenario dependerá que a largo plazo se produzca un avance neto en términos globales de crecimiento económico, productividad y generación de empleo o todo lo contrario. Así lo expresó recientemente el presidente del comité de expertos del Gobierno para reformar la Administración, Jordi Sevilla, en el congreso DigitalES Summit celebrado en Madrid: «El cambio digital es una realidad, lo que todavía no tenemos es una política pública para encajar sus impactos sobre el trabajo y la educación».
Los retos del futuro
Y es que la velocidad vertiginosa de estos cambios dificulta la labor del legislador encargado de regularlos. Prueba de ello es que a finales del 2017, siete de las ocho empresas de mayor valor en el mundo ya eran tecnológicas; compañías de publicidad por internet como Google o Facebook valían veinte veces más que la CBS, principal red de cadenas de televisión de EEUU; y Uber fue valorada en 60.000 millones de dólares, más que el valor de todas las compañías de alquiler de coches juntas.
Y solo es el comienzo: ¿Motivarán los robots la próxima reforma laboral? ¿deberán pagar impuestos y cotizar a la Seguridad Social? ¿tendrá sentido el derecho a huelga? ¿Se diluirá la representación sindical con la economía digital? ¿se hará necesario reducir la jornada laboral de 40 horas? ¿la renta básica universal dejará de ser una posibilidad y pasará a ser una obligación?
Según el último informe elaborado por el Consejo Económico y Social de España titulado El futuro del trabajo, en el terreno de las relaciones laborales son múltiples los aspectos que pueden verse afectados en el contexto de los cambios tecnológicos, entre ellos «la propia identificación de la relación de trabajo asalariado», y con ella la aplicación de los marcos normativos reguladores del contrato de trabajo. Así como el ejercicio de los poderes empresariales de dirección y control, el lugar y el tiempo de la prestación de trabajo, los salarios, la formación en el empleo, la seguridad y salud en el trabajo, el acceso a la protección social, o, en el plano colectivo, la representación y negociación colectiva.
El director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, considera que España «va un poco atrasada» respecto a la implementación de medidas que afronten el cambio tecnológico y precisa de una «estrategia global». Pone el ejemplo de Francia, que ya ha suprimido el sistema específico de los autónomos, dado que «el empleo digital ha borrado la diferencia entre trabajadores por cuenta ajena y propia».
De esta cuarta revolución industrial se derivarán otros riesgos, explica Torres, como «la violación de la privacidad en el trabajo y la limitación del derecho a huelga por la extensión de los robots» y «el debilitamiento de la representación sindical por la fragmentación de los procesos».
Por su parte, la secretaria confederal de UGT, Isabel Araque, vislumbra el avance tecnológico como una «oportunidad», pero también como «germen de nuevas desigualdades», de la «polarización» del mercado de trabajo y la «desnaturalización de los sistemas de protección social».
