Tres semanas después de que se empezara a aplicar el temido artículo 155 de la Constitución, los 220.000 empleados de la Generalitat y de sus empresas públicas intentan adaptarse a la nueva situación. La realidad que ven los funcionarios en su día a día es menos traumática de lo que los sindicatos temían con las expectativas levantadas cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó las medidas para destituir al Govern e intervenir toda la Generalitat tras la aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI) en el Parlament.

Los representantes sindicales se habían puesto en lo peor y esperaban que la escalada de tensión política se trasladara a las oficinas de la Administración autonómica. Pero la mayoría de los empleados públicos de la Generalitat no ha visto todavía, en las tres semanas de aplicación del artículo 155, a ninguno de los 'hombres de negro' que algunos esperaban que el Ejecutivo de Madrid enviaría a Barcelona.

"Los nuevos interlocutores son técnicos que no siempre se desplazan físicamente a las oficinas de la Generalitat. Hay un control superior sobre los secretarios generales de los departamentos que muchas veces no llega a los trabajadores", asegura Carles Villalante, dirigente de la UGT en la función pública. "El artículo 155 es una decisión política pero se está aplicando con criterios técnicos", añade.

Nuevos interlocutores

Esos nuevos interlocutores que tienen que autorizar ciertos actos administrativos, la mayoría de las veces a través de correo electrónico, buscan dar una imagen amable frente a los empleados catalanes, según explica Joan Maria Sentís, coordinador de CCOO en la Generalitat. "La media del artículo 155 es una animalada -dice Sentís- pero el planteamiento en la práctica es más técnico y se han mantenido los cargos de estructura. Nos temíamos que sería más exagerado incluso".

Para la mayoría de los funcionarios, sus tareas diarias tienen lugar en un clima de "normalidad casi absoluta" en comparación con la situación anterior, según el dirigente de la UGT, que destaca que la prestación de servicios o los pagos a proveedores no se han visto alterados. "Mi trabajo es ahora el mismo que antes y tengo los mismos jefes, pero sabemos que el 'conseller' y algunos altos cargos ya no están en el departamento", explica un funcionario de la Generalitat. Los empleados que dependían directamente de alguno de los cargos de confianza que han sido cesados sí se han visto obligados a reportar con otros responsables políticos como secretarios generales o directores generales.

Pero no todo el 155 es de perfil técnico. Los 'hombres de negro' "miran con lupa los departamentos sensibles, que son Economia, Presidència i Exteriors". En esas áreas es donde los funcionarios aprecian más presión, especialmente de algún enviado de Madrid que "se ha excedido en su celo buscando cosas que ni la Guardia Civil ha encontrado", explica Villalante. Este sería el caso de las nuevas pruebas encontradas en la causa del Tribunal de Cuentas contra Artur Mas.

Despidos y recolocaciones

Para los sindicatos, la convocatoria de elecciones tiene un efecto más importante en la paralización de decisiones como adjudicaciones y concursos que la aplicación del artículo 155.

La intervención de la Generalitat ha ido acompañada del cese de altos cargos y de la supresión de algunas estructuras como las embajadas de la Generalitat en otros países. Esas decisiones pueden provocar el despido o la recolocación de decenas de empleados que, en la mayoría de los casos, no son funcionarios.

Protestas de funcionarios

La plantilla de la Generalitat ha recibido múltiples peticiones para llevar a cabo una resistencia a la aplicación del artículo 155 que podría llevar a la desobediencia. El sindicato Intersindical-CSC, que fue el que convocó la huelga general del pasado 8 de noviembre, ha llevado a cabo asambleas para traladar esa petición a los funcionarios.

En varios departamentos, los trabajadores se han organizado en asambleas de defensa de las instituciones catalanas para llevar a cabo protestas contra el 155, como una cadena humana en Cultura y una concentración en la plaza de Sant Jaume el martes 21 de noviembre. Una web que pide la adhesión de empleados contra el 155 ha recibido unas 200 firmas. En su manifiesto, critican que el 155 supone una vulneración de derechos laborales ya que "modifica la cadena de mando" y deja a los empleados en "una situación de incertidumbre legal".

Los sindicatos mayoritarios discrepan de esa visión. "Plantear la desobediencia a los funcionarios es difícil de llevar a la práctica. Una cosa es manifestarse en contra del artículo 155 y otra no cumplir con la obligación de gestionar servicios a la ciudadanía", explica Sentís. En el manifiesto de la plataforma crítica también se afirma que los empleados seguirán "sirviendo a la ciudadanía" fieles a las instituciones catalanas y al Parlament.