E l Gobierno, la patronal y los sindicatos encaran la recta final de las negociaciones para la nueva ley del teletrabajo. Tras un verano de intercambio de borradores, que han ido rebajando el texto inicial para hacerlo más digerible para los empresarios, las partes están cercanas a un acuerdo, tal como coinciden varias fuentes del diálogo social. No obstante, todavía quedan flecos. La falta de acuerdo en las negociaciones para cerrar un acuerdo para el trabajo a distancia en la función pública amenaza con extenderse y bloquear la mesa del teletrabajo en las empresas. El 1 de septiembre vuelven a estar citadas las partes.
Varios flecos quedan por acabar de definir tras las modificaciones realizadas desde el Ministerio de Trabajo sobre el primer contenido del anteproyecto de ley. El departamento liderado por Yolanda Díaz ha rebajado la concreción del texto en lo que se refiere a los gastos que tendrán que asumir las empresas para costear el trabajo a distancia de sus empleados.
Y ha dejado mayor margen para ello a la negociación entre sindicatos y patronales. Es un elemento que venían reclamando especialmente las segundas y que da argumentos al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, para secundar la nueva normativa. Desde esta patronal declinaron valorar, de momento, el estado de las negociaciones.
La patronal, según estas fuentes, aspira a empujar hacia arriba dicho porcentaje y limitar la cantidad de empleados que puedan acogerse.
No solo parte del contenido está por definir, sino también las formas. La intención inicial del Gobierno era tramitar la norma del teletrabajo como proyecto de ley con carácter de urgencia. Ello implicaría una tardanza en entrar en vigor de meses y permitiría a los grupos parlamentarios introducir cambios.
Esto es algo que inquieta a patronal y sindicatos. La alternativa es aprobarlo vía de real decreto ley, lo que permitiría ponerlo en vigor en pocas semanas y esquivar el debate parlamentario pero ello requiere justificar la urgencia de su aplicación.
No será algo inmediato y el plazo puede alargarse hasta los tres años.
Lo normal sería abordar la negociación con ocasión de la renovación de cada convenio colectivo (si no hay acuerdo antes), y estos suelen tener una vigencia de tres años, así que los últimos podrán tardar ese plazo en incorporar cláusulas sobre teletrabajo.
En paralelo a las negociaciones para la ley del trabajo a distancia en las empresas, los sindicatos y función pública también están renovando sus propios acuerdos. El problema es que, según manifiestan los sindicatos, las conversaciones no avanzan porque función pública se niega a abordar el tema. Algo que desde el ministerio rechazan.
El resultado del choque de versiones es que las centrales amenazan con trasladar dicho bloqueo a la mesa de la privada . «El Gobierno lo tiene fácil, que abra las mesas de negociación», señalan fuentes sindicales.
Y es que el último borrador discutido excluye explícitamente al personal laboral de la función pública de la normativa de teletrabajo para las empresas. H
