Ni al ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble, ni al presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, les ha gustado la jugada de Jean-Claude Juncker de aplazar a “principios de julio”, hasta después de las elecciones del 26-J, la decisión sobre un eventual proceso de sanciones contra España el mismo día que Bruselas presentaba nuevas recomendaciones para conceder al gobierno de Mariano Rajoy (y de paso también a Portugal) un año más para rebajar el déficit público por debajo del 3%. El resultado de este descontento es el encargo de la presidencia holandesa de la UE al servicio jurídico del Consejo de otro análisis legal para aclarar si ese aplazamiento vulnera o no las normas europeas.

“Dar la impresión de que uno no quiere tomar una decisión -probablamente por las próximas elecciones- no contribuye a reforzar las reglas del marco europeo”, se quejaba el titular de finanzas alemán tras la reunión del Ecofin molesto con Bruselas por saltarse el procedimiento habitual. Este jueves, ya desde Berlín, el jefe de la ortodoxia echaba más leña al fuego. “Hemos dicho de forma bastante unanime que no estamos satisfechos con esa decisión. Tenemos que respetarlo, es cosa de la Comisión, pero no es una decisión afortunada”, decía durante un encuentro con periodistas extranjeros.

Según el ministro de finanzas holandés y presidente de turno del Ecofin, Jeroen Dijsselbloem, han sido varias las delegaciones que han expresado preocupación y de ahí que el asunto “formará parte de la discusión” de los ministros en la reunión del próximo 17 de junio en Luxemburgo, según han confirmado fuentes del Consejo y de la Presidencia.

Para entonces, la presidencia de la UE espera contar con un informe jurídico que ha encargado con el objetivo de aclarar si la jugada de Juncker, de retrasar a después de las elecciones del 26J la decisión sobre si lanzar o no proceso sancionador cuando la Comisión ya ha anunciado su intención de conceder un año más de plazo aEspaña y Portugal -hasta el 2017 y 2016 respectivamente- para cuadrar sus respectivas cuentas, es acorde con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Hay delegaciones que temen sienta un precedente y que consideran que no se debe desligar una decisión de la otra.

Los servicios jurídicos de la Comisión Europea, según reiteró el miércoles su vicepresidente Valdis Dombrovskis, creen que el movimiento es legal y en este análisis se apoya Bruselas para defender que su decisión fue acertada. El mismo convencimiento que Domvrovskis tiene el ministro español en funciones, Luis de Guindos, que está convencido de que el aplazamiento de la decisión, según informa Rosa Sánchez, “es perfectamente legal” y de que “la Comisión Europea puede hacerlo”. En una comparecencia enMadrid, Guindos, que asegurado hablar mucho con su colega Schäuble, ha subrayado que no se trata de retrasar la multa y de que está seguro que “no habrá sanción a España”.