El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, tiene prohibida la entrada a Estados Unidos en aplicación de la ley del embargo estadounidense, conocida popularmente como Helms-Burton.

Escarrer recibió el 11 de octubre una carta del Departamento de Estado de los EEUU en la que, en aplicación del artículo IV de la Ley Helms-Burton, se le encomienda a aceptar «una serie de condiciones relacionadas con la actividad en Cuba de empresas filiales». En caso de no hacerlo, en un plazo de 45 días se le prohibiría el acceso a EEUU. Así ha sido. Las condiciones impuestas «no resultaban asumibles para la compañía», explica la hotelera.

Además, la empresa advierte que su cumplimiento sería contrario a la normativa europea (Estatuto de Bloqueo) que considera que la Ley Helms-Burton infringe principios de Derecho internacional.El año pasado, Donald Trump decidió intensificar el bloqueo hacia Cuba con el levantamiento del título III de la Ley Helms-Burton, que habían dejado sin efecto todos los Gobiernos estadounidenses desde la aprobación de la ley en 1996, y que permite a los norteamericanos demandar a las compañías que explotan o se benefician de cualquiera de las propiedades confiscadas por la Revolución Cubana. Pero entonces, la administración Trump también advirtió que empezaría a poner en funcionamiento el título IV (nunca suspendido) y daría pasos claros en su implementación, según explica el socio del despacho Andersen Tax & Legal, Ignacio Aparicio.

Este artículo habilita a EEUU a restringir la entrada a aquellos ejecutivos que estén en empresas que directa o indirectamente «trafiquen» con bienes confiscados en Cuba y sobre los que exista una reclamación de ciudadanos norteamericanos, según el socio de la firma Squire Patton Boggs, José María Viñals.

La administración Trump vinculó la notificación enviada a Meliá a la actividad que algunas filiales con entidades públicas cubanas para la gestión de dos hoteles en la región de Holguín, que estarían ubicados en una parcela de una propiedad expropiada a la familia Sanchez Hill a finales de los años 50, según la compañía.

Meliá ha puesto el caso «en manos de las instituciones españolas y, especialmente, de las autoridades comunitarias” para su resolución. Desde la reactivación de la Helms Burton, la Cámara de España y la CEOE, de acuerdo con el Gobierno han mostrado su apoyo a las empresas españolas que pudieran resultar afectadas. «Hemos trabajado en promover una respuesta ejecutiva del Gobierno, que se ha ejercido a través del Ministerio de Industria, y también de las instituciones europeas», afirma el director corporativo de la Cámara de España, Andrés Pereda.

Por otra parte, desde esta institución se está tratando de mantener «una posición colaboradora con EEUU para encontrar una solución para las empresas que pudieran resultar afectadas», añade. Desde el punto de vista de la Cámara de España, «las empresas españolas han cumplido el derecho internacional».

Fuentes de Exteriores confirman que el de Escarrer es el «único caso» en España, aunque Meliá dice que «cartas similares habrían sido dirigidas a más de medio centenar de empresas».

El ministerio de Industria, Comercio y Turismo se reunió en julio con las empresas afectadas y les informó de la posibilidad de que EEUU denegase entradas. En una segunda cita, en noviembre, confirmó que los directivos empezarían a recibir cartas.