La española Naturgy, antigua Gas Natural, y la petrolera italiana Eni celebraron ayer la resolución tomada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en la que condena a Egipto a pagar más de 1.700 millones (2.013 millones de dólares), después de impuestos y antes de intereses por la falta de suministro a las instalaciones de licuefacción de las compañías en Damietta, según informó la gasista a través de la CNMV en el arranque de septiembre. Según el laudo arbitral, la república árabe no concedió al consorcio inversor el trato justo y equitativo exigido por el Tratado bilateral España-Egipto de protección de inversiones.

El mayor proyecto exterior de Naturgy se inauguró en el 2005 en el delta más importante del Mediterráneo, en la localidad de Damietta ubicada en el estuario del Nilo. Esta instalación de licuefacción es propiedad de Segas, una compañía filial participada en un 80% por UFG (Unión Fenosa Gas, 50% vinculada a Naturgy y Eni) y por las firmas egipcias del gas y del petróleo EGAS (10%) y EGPC (10%). Toda la capacidad de producción de Damietta se debía repartir entre UFG (60%) y EGAS (40%). Siete años después, se paralizó el normal funcionamiento de la planta porque dejó de recibir suministro en mitad de la revolución de la primavera árabe. En el 2014, UFG demandó a Egipto ante el Ciadi porque su empresa pública no abonó los preceptos acordados entre ambas partes. Este parón conllevó a UFG a socavar la economía de ambas empresas mediante remedios multimillonarios para mitigar el derrumbe accionarial del grupo.

Cuatro años y medio después, la sociedad propietaria de la planta ha recibido el favorable laudo arbitral de la institución dependiente del Banco Mundial. De esta manera, Naturgy confía en que esta resolución «permita alcanzar un acuerdo global y poner en valor su inversión en Egipto a través de un acuerdo comercial y el restablecimiento del suministro de gas a la planta».