«El teletrabajo no le puede salir gratis a las empresas»

—¿En qué punto se encuentran las negociaciones para prorrogar los incentivos a los ERTE tras una semana de reuniones?

—El diálogo social es una herramienta fundamental y necesita su tiempo y sus plazos. Puedo decir que este ministerio trabaja para cerrar un acuerdo cuanto antes. Nuestro objetivo es dar certidumbre con un acuerdo para prorrogar las medidas que han demostrado ser tan útiles para paliar los efectos de esta pandemia. Desde el inicio teníamos claro que teníamos que acompañar a las empresas durante un lapso temporal, por lo menos hasta septiembre y con la mirada larga.

—Los agentes sociales pedían alargarlo hasta diciembre, ¿es un problema de recursos públicos?

—No, es un problema de justicia social. No sería justo que hoy, una empresa que está abierta y operando, tuviera a su plantilla exonerada completamente de las cotizaciones a la Seguridad Social y socializados los salarios. Hemos creado una comisión con la mirada puesta en que, a partir del 30 de junio, habría sectores que necesitarían del acompañamiento de las medidas de protección máxima. Hay que recordar que el real decreto que permite prorrogar los ERTE habla de sectores.

—¿En la negociación ha estado presente en algún momento retirar o limitar las cláusulas de salvaguarda del empleo?

—Todas las garantías de protección al empleo que ya existen se van a mantener.

—¿Irá la prórroga de los ERTE al próximo Consejo de Ministros?

—Tenemos un lapso temporal claro. Antes del 30 de junio tenemos que tener una norma aprobada en el BOE. Capacidad legislativa hay, pero el acuerdo debe abrirse camino. Es lo que está esperando este país y así debe de ser. Esta ministra va a trabajar para que exista ese acuerdo.

—¿Quedan personas afectadas por un ERTE que aún no hayan cobrado su prestación?

—Con datos de la intervención general del Estado, a día de hoy hay una incidencia de errores, ajenos al SEPE, del 1%.

—Han iniciado los trámites para aprobar una nueva ley del teletrabajo. ¿Qué pretende regular?

—Nuestro país no tiene una ley que regule el trabajo a distancia. Que no es lo mismo que el teletrabajo. Fruto de la reforma laboral del PP, aborda de manera absolutamente deficiente el trabajo a distancia. Y lo aborda como algo residual, marginal e incluso infravalorado. Lo que vamos a hacer es desplegar una ley que realmente regule el trabajo a distancia y el teletrabajo.

—¿Cómo planea hacerlo?

—El trabajo a distancia debe realizarse desde el lugar que elija el trabajador. Ha de ser voluntario y respetar los derechos laborales, como la desconexión [digital]. Hemos de garantizar los derechos de descanso y los derechos de conciliación… Y otro elemento, que es de justicia. Los trabajadores durante la pandemia han teletrabajado, pero han sufragado los gastos que no le son propios. El teletrabajo no le puede salir gratis a las empresas.

—Sobre esos gastos, ¿la ley fijará unos criterios generales o una cuantía exacta?

—Va a haber de todo. Gastos que ahora estamos asumiendo en el teletrabajo tiene que pagarlos la empresa. Vamos a hacer una lista que sí o sí tiene que acometer el empresario. Es probable que vaya con facturas, para partes proporcionales de suministros, por ejemplo. En el modelo suizo, la empresa paga una parte del alquiler. Otra parte estará sujeta a la negociación colectiva.

—¿Cuándo estará en vigor?

—No me gusta dar plazos. Va a depender de los informes que de manera preceptiva tenemos que desplegar. Pero va adelante.

—Otra ley que han puesto en marcha es la ley del trabajo en plataformas. ¿La pandemia la hace más urgente?

—Sí. El trabajo en plataformas digitales ha llegado a todas partes, no solo a las persona que van en bicicleta repartiendo comida. Está muy bien que existan, pero que trabajen en condiciones igualitarias y por supuesto respetando los derechos.

—¿En qué le va a cambiar la vida esta ley al trabajador?

—Hasta ahora estos trabajadores tenían que denunciar su situación ante Inspección de Trabajo, que ha hecho un trabajo extraordinario, y pasar todo el proceso hasta que se les reconociera su relación laboral. Ahora van a pasar a ser asalariados. Van a tener el marco de protección, en todos los derechos, los sindicales, retributivos, de prevención de riesgos… Exactamente igual que cualquiera asalariado.

—¿Considera necesario ampliar la plantilla de inspectores de Trabajo?

—De inspectores de Trabajo, del SEPE, de la Tesorería General… Es la gran tarea de este país. Esta pandemia ha servido para demostrar el valor de lo público.

—...Con unas plantillas con una temporalidad y rotación superiores que las del sector privado...

—Me parece muy grave que las administraciones no sean ejemplares. Pero es un tema del que no tengo competencias, que corresponden a Función Pública y a las comunidades autónomas. La gran precariedad está en la sanidad, en la educación, en la dependencia… todo competencias autonómicas. Hay que abordarla en todos los ámbitos.

—¿Qué opina de la comisión de expertos propuesta por Sánchez para diseñar la reconstrucción?

—Está muy bien escuchar a los expertos, pero lo más importante es escuchar a la calle. Un Gobierno progresista debe mirar siempre también hacía fuera. Si nos alejamos de la calle hay más posibilidades de equivocarnos.