El Gobierno aprobó ayer un real decreto que desarrolla la ley de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, que regula entre otras cosas el cheque formación para desempleados para que las Comunidades Autónomas lo pongan en marcha. La ley se aprobó con carácter de medida urgente en septiembre del 2015 pero muchos de sus aspectos básicos no se habían desarrollado todavía.
Ahora el Gobierno ha optado por la fórmula del real decreto, lo que ha provocado las quejas de la patronal CEOE y del sindicato UGT. Y eso que aún no se conoce el contenido exacto de la norma, porque las quejas se basan en las formas. "La CEOE ha recibido con sorpresa" que el Consejo de Ministros haya aprobado el citado real decreto "cuando ni siquiera han comenzado los trabajos de la mesa del diálogo social, lo que se entiende como una ruptura unilateral de la negociación por parte del Gobierno en materia de formación".
La patronal recalca que esa reforma de la formación profesional ya se desarrolló en su momento "sin el consenso que históricamente caracterizaba el modelo".
BURLA AL DIÁLOGO SOCIAL
El sindicato UGT ha acusado al Gobierno de "burlarse" del diálogo social "sin convocar apenas a los interlocutores sociales a la mesa del diálogo social y negociación para el empleo y la formación profesional", que el mismo Ejecutivo creó el pasado abril. La central añade que no entiende la urgencia de aprobar el decreto, cuando sindicatos y empresarios están manteniendo reuniones de trabajo con los diferentes grupos parlamentarios, y contrasta estas prisas con la lentitud "a la hora de resolver y liquidar convocatorias anteriores del 2016, que aún quedan pendientes".
Las denuncias del sindicato y la patronal constrastan con la versión del Gobierno. Según el Ministerio de Empleo, que dirige Fátima Báñez, en la elaboración del real decreto "han participado las organizaciones sindicales y empresariales" y se han hecho hasta siete reunions con este fin. El texto establece los requisitos y condiciones que deberán cumplirse para el disfrute de los trabajadores desempleados del llamado cheque formación, que les ha de permitir elegir dónde quieren realizar su formación en un régimen de competencia entre centros homologados. Para Empleo este es el punto que causa el auténtico malestar a patronales y sindicatos porque les quita el control directo en la adjudicación de los cursos de formación.
