Endesa ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para permitir la salida voluntaria de un máximo de 577 empleados afectados por el cierre de sus centrales térmicas, con un impacto no recurrente en sus cuentas de 213 millones de euros que no tendrá efectos en la remuneración del accionista de 2020, según anunció ayer la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A finales de septiembre de 2019, la eléctrica avanzó su intención de cerrar las centrales de As Pontes (Galicia) y Litoral (Andalucía) con un impacto en las cuentas de 1.300 millones de euros por la falta de viabilidad económica de las centrales ante la nueva regulación europea de emisiones. Un año antes había hecho lo propio con el cierre de las plantas de Compostilla (León) y Andorra (Teruel).

Gobierno, empresas y sindicatos llegaron a un acuerdo para garantizar la mayor parte del empleo. La compañía reorganizó sus actividades mediante medidas formativas para recolocar internamente a una parte del personal afectado. Y ayer llegó a un acuerdo con los sindicatos para la salida voluntaria de hasta 577 trabajadores.

Tras el adiós al carbón, la compañía que dirige José Bogas está centrada en impulsar su presencia renovable con la incorporación de 2,8 gigabatios (GW) de nueva capacidad en el periodo 2020-2022, en línea con la estrategia del Grupo Enel hacia la descarbonización y la aceleración de inversiones en este tipo de fuentes de energía.

Falta de rentabilidad

El carbón es la fuente de energía más contaminante (emite casi una tonelada de CO2 por cada megavatio hora generado). Bruselas redujo de forma paulatina el límite máximo de emisiones permitidas hasta que llegó un momento en el que a las eléctricas no les salieron las cuentas para acometer nuevas inversiones. Además, en España, el bajo precio del gas natural y el alza de los derechos de emisión de CO2 provocaron que en el 2019 el carbón pasase de representar el 15% del mix eléctrico habitual a un tímido 4,3%.