Casi cuatro años y medio después de que las autoridades estadounidenses destapasen que Volkswagen había manipulado deliveradamente hasta once millones de sus vehículos en todo el mundo para esquivar los controles medioambientales, España sentó ayer por primera vez al gigante de la automoción alemana en el banquillo de los acusados por el escándalo conocido como Dieselgate.

Sin embargo, el macrojuicio al fabricante de Wolfsburgo puede tener un impacto mucho menor que al otro lado del Atlántico. Ante el Juez de lo Mercantil número 1 de Madrid, Volkswagen España se ha desentendido del polémico fraude por el trucaje de sus motores diésel al alegar que, como filial del grupo, su papel se reduce al de importación de vehículos y que no interviene en el proceso de fabricación. Además, mientras que en EEUU la ley permite un máximo de emisiones de Óxido de Nitrógeno de 31 miligramos por kilómetro, en Europa el tope crece hasta los 180 miligramos. Además, según el peritaje elaborado por José Manuel Luján, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, en el suelo comunitario es un experto independiente quien aglutina los datos de emisión necesarios para obtener la habilitación, mientras que en EEUU esa recopilación viene dada a las autoridades por la propia compañía.

El macrojuicio español contra Volkswagen se abrió después de que, en el 2017, la Organización de Consumidores y Usuarios presentase una demanda colectiva en defensa de más de 7.500 afectados, con la que pide una indemnización de 3.000 euros para cada uno. En total, 22 millones por daños y perjuicios para el conjunto de los afectados. Antes, hubo dos intentos de arbitraje fallidos. En países como Polonia, la justicia ha impuesto al frabricante multas de hasta 28 millones de euros por engañar a sus usuarios.