El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha anunciado este martes una subida del impuesto de Sociedades este año por importe de 6.000 millones de euros con el fin de convencer a la Comisión Europea del compromiso del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy con la reducción del déficit público y evitar así la imposición de una multa que podría llegar hasta los 2.100 millones de euros.

"Cada día estoy más convencido de que la multa va a ser de cero euros" ha dicho De Guindos en la rueda de prensa posterior alConsejo Europeo de Ministros de Finanzas (Ecofin), en Bruselas, que ha decidido activar el proceso sancionador contraEspaña y Portugal por no haber adoptado "medidas efectivas" en el 2014 y el 2015 para cumplir los compromisos asumidos para la reducción del déficit público.

ESCRITO DE DEFENSA

El ministro ha explicado que '"en las próximas horas" el Gobierno en funciones presentará sus alegaciones ante la Comisión Europea para defender que la multa sea de cero euros. Entre los argumentos que aportará España en su escrito está una reforma urgente del sistema de pagos fraccionados del impuesto de Sociedades que permitirá volver a establecer en el 2016 el tipo mínimo de gravamen para grandes empresas que la reforma fiscal del PP había suprimido.

Según los cálculos de De Guindos, ello permitirá adelantar al 2016 unos 6.000 millones de recaudación que, de otro modo, se hubieran ingresado en el 2017. En realidad no se trata de una subida del impuesto, sino de una medida de tesorería que permite adelantar ingresos a este año y compensar el desplome de la recaudaciónque está sufriendo la Agencia Tributaria.

"Esta medida deberá ser adoptada a través de un proyecto de ley que solo puede impulsar el próximo Gobierno", ha dicho De Guindos.

CARTA EN LA MANGA

En el Programa de Estabilidad presentado por el Gobierno a Bruselas el 29 de abril, en plenas negociaciones previas a la fallida investidura de Pedro Sánchez (PSOE), el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy incluyó un párrafo en el que ya informaba a la Comisión Europea de que tal vez tendría que dar marcha atrás en la rebaja de pagos fraccionados de las grandes empresas.

"Al tener la reforma del pago fraccionado un efecto puramente financiero, que se reparte entre los pagos en 2016 y la liquidación del impuesto en julio de 2017, el nuevo Gobierno podría activarcambios normativos que, sin incrementar la fiscalidad de las personas jurídicas, garantizasen un impacto limitado en la recaudación de este impuesto", se afirmaba en el texto. Y esto es lo que ha anunciado De Guindos este martes.

AHORRO EN INTERESES Y MEDIDAS ANTIFRAUDE

El ministro también ha anunciado un ahorro adicional en el pago de intereses de la deuda pública de 1.500 millones de euros sobre lo presupuestado.

También se ha referido a una recaudación adicional de 1.000 millones de euros en medidas de lucha contra el fraude fiscal. Fuentes del Ejecutivo han explicado a EL PERIÓDICO que esta recaudación adicional está ligada a la próxima adopción de nuevas medidas contra el fraude fiscal que han rehusado precisar.

Todas estas medidas deberían permitir encauzar el déficit público del 2016, que ya ha derrapado en los primeros meses del año. Con la ayuda de este mayor compromiso el Gobierno espera poder negociar con la Comisión Europea antes de que acabe julio una nueva senda de déficits públicos para este año y los siguientes.

De esta senda de déficit público dependerá que el nuevo Gobierno tenga que incoporar ajustes más o menos graves en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2017. "Para la formación del nuevo Gobierno y los posibles pactos necesitamos esa senda" ha dicho el ministro De Guindos.

Según el ministro, la economía española "no está muy lejos de situar el déficit público por debajo del 3% del PIB en el 2017 por la simple evolución del ciclo económico", sin necesidad de nuevos ajustes. Pero no es lo mismo que el nuevo objetivo de déficit del 2017 sea el 2,9% o el 2,5% del PIB, por ejemplo. Entre medidas de estas dos cifras hay más de 4.000 millones de diferencia.

"Necesitamos un procedimiento transparente para negociar con el resto de los grupos políticos", ha reclamado el ministro, ya que "no es solo la investidura lo que se está negociando. Es la investidura más un presupuesto". Un objetivo de déficit menos exigente para el 2017 puede favorecer al PP llegar a acuerdos con otros grupos políticos si, a cambio, no les tiene que pedir que apoyen duros recortes del gasto.