La expulsión prematura de los trabajadores veteranos del mercado laboral supone un coste anual para el erario público de 3.266 millones de euros. Así lo ha cifrado UGT en un informe presentado este jueves, en pleno debate sobre la reforma del sistema de pensiones y las hipótesis sobre la mesa de penalizar las prejubilaciones e incentivar los retiros tardíos. "No se puede continuar expulsando a los mayores de 55 años, que después se ven abocados a una jubilación forzosa y que tienen el 40% de recorte en su pensión. Porque además esto supone una merma importante de ingresos en nuestra Seguridad Social", ha declarado la secretaria de política social de UGT, Mari Carmen Barrera.
La central advierte del riesgo que supone para la Seguridad Social el aumento de las tasas de paro entre los trabajadores de más de 55 años y el aumento de las tasas de parcialidad entre los que conservan su empleo. Pues todo ello son menores cotizaciones ingresadas y mayor gasto público desde una temprana edad. El paro entre los mayores de 55 años se ha doblado entre la crisis financiera y la de la covid. En el 2007 era del 5,7% y en el 2019 dicho porcentaje escaló hasta el 12,2%. Y la parcialidad involuntaria se ha doblado entre los trabajadores de más de 55 años, obligados a aceptar empleos indeseados para no quedar descabalgados del mercado laboral.
