El año pasado las llamadas de cierre y reducción de empleo fueorn una constante. Los motivos eran diversos, pero casi siempre señalaban al elevado precio de la energía, junto a la caída de la competitividad y factores tecnológicos así como por la sobrecapacidad de producción de China. Ese fue el caso de la danesa Vestas, que decidió cerrar cuatro de las siete líneas de trabajo y deslocalizar la producción de su fábrica de Villadangos del Páramo (León), la mexicana Cemex, que cerró sus plantas de Gádor (Almería) y Lloseta (Mallorca) o Isowat Made en La Coruña. También la multinacional del aluminio, Alcoa, con su adiós a La Coruña y Avilés y el astillero La Naval. Hasta el momento, la gran industria consumidora de energía echaba mano de las subastas de interrumpibilicad. Un mecanismo para gestionar la demanda eléctrica de forma que en casos de emergencia para el suministro, las empresas deberían desconectarse de la red, a cambio de una retribución que llegó a alcanzar los 500 millones de euros. El alza de los precios y la reducción de estas ayudas provocó un efecto dominó al cual el Gobierno pretende poner fin con este Estatuto.