Primero fueron las trampas fiscales de cientos de multinacionales para eludir el pago de impuestos en la Unión Europea, destapadas a raíz del conocido como Luxleaks. Poco después la manipulación de las emisiones de dióxido de carbono en los vehículos diesel por parte de Volkswagen y ahora le ha llegado el turno a los llamados Papeles de Panamá. El pleno del Parlamento Europeo ha dado vía libre a la creación de una comisión de investigación, que tendrá 12 meses para examinar y descubrir si la Comisión Europea y los Estados miembros cometieron algún tipo de infracción en materia de blanqueo de capitales y evasión fiscal.
La creación de esta comisión fue propuesta a principios de abril por el grupo de los Verdes. La idea obtuvo el aval de la conferencia de presidentes de la Eurocámara -donde están presentes los líderes de los grupos políticos- la semana pasada y este miércoles el pleno ha dado su apoyo. Se trata del tercer gran escándalo al que los eurodiputados le echan el guante durante esta legislatura lo que confirma la disposición de la cámara a seguir utilizando su potestad y capacidad de control para indagar en el uso masivo de sociedades off shore para ocultar dinero en paraísos fiscales.
El caso fue destapado a principios de abril por el Consorcio Internacional de Periodistas y ha salpicado desde entonces a decenas de políticos, empresarios, artistas, futbolistas y funcionarios europeos. Es el caso del ex ministro español de Industria, José Manuel Soria, que renunció al cargo tras hacerse pública su vinculación con una sociedad con sede en el paraiso fiscal de Jersey o del ex primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, que también tuvo que retirarse de la primera línea política tras destaparse que fue junto con su esposa copropietario de una compañía con sede en las Islas Vírgenes.
Otros nombres propios relevantes son el comisario de clima y energía,Miguel Arias Cañete, cuya esposa Micaela Domeq figura como administradora de una sociedad 'off shore', y que de momento tendrá que acudir a la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo que quiere aclarar si ha habido vulneración del código de conducta por su vinculación a este y otros casos de posible fraude. "Es evidente que las normas de la UE contra el blanqueo de dinero no se aplican correctamente y que la UE, los gobiernos y autoridades han fallado en sus obligaciones de luchar contra el fraude fiscal", justificaba hace unos días el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, cuyo grupo ha sido y es uno de los más activos en la batalla contra el fraude fiscal.
El próximo paso ahora será escoger el nombre de los 65 eurodiputados que formarán parte de este selecto grupo de investigadores que tendrán un año para indagar las consecuencias de la fuga de más de once millones de documentos del gabinete de abogados panameño, Mossack Fonseca. El caso de los Papeles de Panamá, que el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, llegaba a calificar de buena noticia ya ha dado algunos resultados. De momento ha servido para que los gobiernos europeos se conciencien de la necesidad de luchar contra la elusión fiscal y saquen adelante una propuesta de directiva para obligar a las multinacionales a revelar cuántos impuestos pagan, en qué países y si tienen negocios en paraísos fiscales. "Avalando el principio de que los impuestos deben pagarse donde se generan beneficios mandamos una señal clara a los Estados miembros de la necesidad de ser ambiciosos en materia de lucha contra la evasión fiscal", sostiene el eurodiputado socialista Hugues Bayet. "Hay mucho en juego", añade, entre 100.000 y 240.000 millones en impuestos impagados cada año.
