La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, presentó esta semana el que promete ser uno de sus ejes estratégicos al frente del organismo ejecutivo del club de los 28: un gran pacto verde para transformar Europa. Gestionar la emergencia climática será uno de los retos de su incipiente mandato; en paralelo a otro, como es el auge de los movimientos de extrema derecha por todo el Viejo Continente. Y reforzar el pilar social es una de las recetas que le llegan estos días desde las instituciones europeas.
Esta semana fue aprobado por el pleno del Comité Económico y Social de Europeo (CESE) un dictamen que insta a la nueva Comisión a reforzar la protección fruto de las prestaciones por desempleo que imperan a lo largo y ancho de la Unión Europea. El objetivo de este organismo, compuesto por patronales, sindicatos y entidades civiles de los diferentes estados miembros, es el de reducir la pobreza y carestía en la que viven millones de europeos. Y, en una fase de enfriamiento económico aunque con una cierta mejora de perspectivas, el CESE considera que esta situación no puede alargarse por más tiempo.
El documento aprobado por este ente de concertación nace con la ambición de impulsar la convergencia al alza de los 28 diferentes sistemas de desempleo que imperan en la UE. Es decir, no aspira a que todos los países tengan un subsidio de paro de duración indefinida, como es el caso de Bélgica, pero que tampoco existan en Europa protecciones tan breves y escuetas como los 90 días contemplados como máximo en Hungría.
Las diferencias son enormes en algunos casos, y crecientes en el conjunto; tal como destaca un informe publicado también esta misma semana por Eurofund. Dicho estudio remarca que, una década después de la crisis económica, las desigualdades en materia de paridad de ingresos, paro, desempleo de larga duración e impacto de transferencias sociales han aumentado entre los estados miembros. Para ello, las patronales y los sindicatos de toda Europa instan a la Comisión a que evalúe periódicamente la evolución de tres indicadores para ver si los ciudadanos de cada estado están cada vez más o menos protegidos cuando se quedan sin trabajo. Y que, en base a esas evaluaciones, ponga deberes a cada uno de los países.
«ES EL MOMENTO» / En caso de que los Estados no asumieran como propias dichas recomendaciones, el dictamen del Comité Económico y Social de Europeo contempla transformar esos consejos en normativa obligatoria, a través de una directiva europea. «Veo a la nueva Comisión comprometida», afirmó a preguntas de este diario el ponente del dictamen, el austríaco Oliver Röpke.
«El momento es inmejorable para que la Comisión acelere», coincidió la vicepresidenta del CESE y representante del sindicato UGT, Isabel Caño.
Desde la patronal, no obstante, piden al equipo de Von der Leyen pausa y negociación sobre cualquier reforma de calado; así como evitar las directivas. «Las acciones de la nueva Comisión deben ponderarse país por país y tener en cuenta el grado de convergencia con el resto. Porque si no corremos el riesgo de producir el efecto contrario y agrandar las diferencias», consideró la también representante de CEOE Patricia Cirez.
