Volkswagen admitió hace un año la existencia de 11 millones de vehículos diésel con el motor trucado para falsear las emisiones de dióxido de nitrógeno. Desde entonces, la compañía ha conseguido cerrar un acuerdo multimillonario -por más de 13.000 millones de euros- con las autoridades estadounidenses para compensar a los propietarios afectados. En Europa, sin embargo, los 8,5 millones de vehículos afectados siguen esperando.
Pese a los llamamientos exigiendo un esquema de compensación similar al estadounidense, Volkswagen se ha escudado en que en Europa no hay base legal a nivel europeo. Los gobiernos tampoco han puesto demasiada presión sobre la compañía por temor a perder sus inversiones con lo que el conocido como dieselgate, que es objetivo de una comisión de investigación en la Eurocámara, sigue sin respuesta. Ahora la Comisión Europea anuncia una nueva ronda de contactos para presionar a los Estados miembros y ver en qué fase se encuentran las investigaciones.
Este jueves la comisaria de protección del consumidor, Verá Jourová, se reunirá en Bruselas con asociaciones de consumidores y el 29 de septiembre lo hará con las autoridades nacionales. Entre medio recibirá a representantes de Volkswagen aunque avanza que por ahora no tiene intención de actuar. “Este caso necesita una comunicación transparente y justa. No es mi intención presentar medidas contundentes contra la compañía sin tener una comunicación justa” pero “es necesario ver cómo se enfrentan las autoridades nacionales a este problema porque es paneuropeo y afecta a todos los Estados miembros”, ha alertado este lunes.
En Bruselas insisten una y otra vez en que no tienen competencias para imponer sanciones y que son los tribunales nacionales los que tienen que actuar. Pero sí admiten, a tenor de las informaciones disponibles, que la compañía habría vulnerado dos normativas europeas de protección de consumidores en al menos 20 Estados miembros. “No podemos actuar como si nada hubiera pasado si queremos mantener unos estándares de protección elevados”, asegura Jourová sobre un problema que define de “paneuropeo”.
Según el Ejecutivo, son dos las normativas en cuestión: la directiva sobre venta de bienes de consumo y garantías y la directiva sobre prácticas comerciales desleales. “He pedido que me informen de cómo está la situación en los Estados miembros y la mayoría han confirmado que ven falta de información por parte de Volkswagen a los consumidores” y también “que en la mayoría de los casos se vulneró la directiva que afecta a las prácticas desleales”.
