La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, Elke König, consideró ayer «altamente improbable» que el informe final sobre la resolución del Banco Popular obligue al organismo que dirige a compensar a sus accionistas y bonistas.

La consultora Deloitte está elaborando un informe para determinar si los accionistas y bonistas que perdieron toda su inversión con la resolución del banco por parte de la JUR en junio del 2017 hubieran recibido un trato más favorable si se hubiera declarado la insolvencia de la entidad mediante la legislación nacional. En este caso, correspondería al Fondo Único de Resolución (FUR) asumir la compensación a los tenedores de deuda, un escenario que Konig ve «altamente improbable», pero precisó que la consultora que elabora el informe es «independiente».

«Es un mecanismo de compensación en caso de que una insolvencia hubiese proporcionado un resultado mejor que la decisión de resolución, que (...) creo que sería muy improbable», dijo König en un encuentro con la prensa ayer en Bruselas.

La JUR cree que este informe final, que incluirá una estimación de lo que habrían perdido y recuperado los inversores en caso de que el banco hubiese sido liquidado en lugar de resuelto, podría ver la luz en «meses o semanas». Deloitte publicó a principios de febrero partes del informe de valoración de la entidad, que revelaron un agujero de entre 11.800 millones de euros, en el mejor escenario, y 20.600 millones, en el peor antes de su resolución.

350.000 AFECTADOS / La quiebra del Banco Popular y su posterior adquisición por el Banco Santander se saldó con que los 305.000 accionistas perdieron todo el dinero que tenían invertido en la entidad. Los propietarios de deuda subornidada corrieron la misma suerte, ya que dichos valores se redujeron a cero tras la fallida del banco.

La presidenta de la JUR repasó durante el encuentro con la prensa la labor de su entidad en el año 2017, en el que tuvo lugar la resolución del Popular, la primera desde el nacimiento de la Junta Única de Resolución en 2015. Este caso, señaló König, dejó «lecciones» para mejorar su actuación en el futuro pero prueba que «la JUR está preparada para manejar exitosamente casos de resolución cuando sea necesario».

Por otro lado, declinó hacer comentarios sobre la presentación por parte de los fondos de inversión estadounidenses Pimco y Anchorage de una solicitud probatoria para obtener información detallada sobre la compra por parte del Santander del Banco Popular.

BONOS EN REINO UNIDO / Además, la presidenta de la JUR advirtió de que los bonos emitidos en el Reino Unido por bancos europeos podrían perder su condición de capital disponible para una potencial resolución bancaria en el caso de que el acuerdo del brexit no incluya un reconocimiento mutuo.

De acuerdo con estimaciones de la JUR, estos bonos suponen unos 100.000 millones repartidos en emisiones de bancos de toda la eurozona bajo ley británica, un capital que podría dejar de computar para el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL).