Las empresas dedicadas al turismo, el comercio y la hostelería que no tengan carácter público y que generen actividad entre los meses de julio y octubre (ambos inclusive) tenrán exoneraciones del 50% en las cuotas a la Seguridad Social por los trabajadores fijos-discontinuos que incorporen a la actividad o de los que mantengan su ocupación, según aprobó ayer el Consejo de Ministros dentro del plan de ayudas para reactivar la economía.
El Ministerio de Trabajo y Economía señaló que, de este modo, se da un paso más en la protección de los trabajadores fijos-discontinuos, es decir, aquellos que desempeñan trabajos cíclicos, por temporadas.
El Gobierno también ha aprobado dentro del plan de recuperación económica, que está dotado con 50.000 millones de euros, otras tres medidas de apoyo al sector turístico. Por un lado, se pone en marcha un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico. La dotación presupuestaria del programa será de 216 millones de euros para el ejercicio 2020. Se prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros. Por otro lado, se ha aprobado la creación del instrumento denominado Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. El objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior. En tercer lugar, se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito.
Se pone en marcha una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros para impulsar nuevos proyectos de inversión empresarial.
El nuevo tramo de garantías públicas para acceder a financiación bancaria se destinará particularmente a pequeñas y medianas empresas, pero ya no será para acceder a liquidez --como ocurre con el tramo anterior del 100.000 millones, ya agotado--, sino para financiar inversiones de empresas rentables, con el objetivo de generar más valor añadido para las compañías y generar un efecto arrastre dentro del sector en el que actúan.
