Cada 12 minutos una familia española es expulsada de su hogar. Durante el tercer trimestre del año, la administración ejecutó 10.177 desahucios, un descenso interanual del 11,9%. Según los datos publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), eso supone la cifra más baja desde que se iniciaron los registros en el año 2013.
El Informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales constata que el 68% de los lanzamientos hipotecarios realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año afectaron a aquellos que viven en alquiler, en situación más vulnerable.
El grueso de los desahucios registrados se deben a ejecuciones o embargos, eso es, a los que son expulsados de su vivienda por no poder pagar el préstamo con el que la compraron. En esa rama, el retroceso ha sido del 25,8%, situándose en 2.526 casos trimestrales.
Por otro lado, el retroceso general también se debe a la caída del 7,7% de los desahucios fruto de la Ley de arrendamientos urbanos, de 6.936 en total. Esta ley ha abierto la puerta a una especulación que ha disparado los precios del alquiler, especialmente en las grandes ciudades.
El CGPJ también ha celebrado que entre julio y septiembre el número de lanzamientos solicitados haya sido de 12.715 casos, un 5,4% menos que el mismo período del año anterior. Sin embargo, esa caída también puede deberse a un factor temporal. Y es que el tercer trimestre del año es tradicionalmente el que menos desahucios registra. El 2018 ya se estableció un mínimo con 11.547 expulsiones.
Aunque las cifras podrían parecer optimistas, los expertos alertan de que los datos oficiales no incluyen a las personas que se van de su casa por acoso inmobiliario o por un aumento abusivo del precio del alquiler. «En términos históricos, la cifra es altísima, propia de la brutal emergencia habitacional que empezó hace 10 años», advirtió Jaime Palomera, portavoz sindical.
