La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite contra la multinacional Uber por delito fiscal contra la Hacienda pública española. La aceptación de la demanda va aparejada al inicio de diligencias de investigación sobre los hechos denunciados por la asociación sectorial Taxi Project en mayo del 2020. Según cálculos del demandante, la cuantía defraudada ascendería a unos 5,1 millones de euros solo en el 2018. Fuentes de Uber descartaron evaluar la información.
Los argumentos presentados en la demanda, a cargo de la abogada Leire López del despacho Vosseler, parten de la base de que Uber debe considerarse «como una única persona jurídica, formada en apariencia por un numeroso grupo de empresas patológico constituido con el objetivo d edefraudar la ley, en especial en lo relativo al pago de tributos (fundamentalmente, IVA e impuesto de sociedades)». Los argumentos de los taxistas se centran en que Uber ejerce una actividad de servicios de transporte sujeta al IVA en España (como ya declaró en su día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), por lo que debe facturar todos los servicios prestados y repercutir en cada factura el IVA correspondiente (10%).
