La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que impute al expresidente del BBVA Francisco González por los pagos que el banco hizo durante años al excomisario José Manuel Villarejo -principal imputado del caso Tándem sobre las cloacas policiales- por «el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito».

González dejó de ser presidente a finales del año pasado, después de que se conociese la relación del banco con el expolicía, y abandonó temporalmente su presidencia de honor en marzo, tras confirmarse que la entidad había sido imputada. En un comunicado, el exbanquero manifestó ayer «su plena disposición a colaborar con la Justicia» y se remitió a otra nota que publicó en marzo, en la que defendió que la entidad actuó bajo su mandato «dentro de la más estricta legalidad», algo que habría que «deslindar (de) posibles actuaciones individuales de carácter irregular, si las hubiera».

La Fiscalía también ha pedido la imputación de Juan Asúa, actual asesor principal del presidente del banco, Carlos Torres Vila, y exdirector del negocio en España primero y de la unidad de banca corporativa y de inversión después, y de Eduardo Arbizu, responsable de regulación y control interno del grupo, que fue cesado después de la imputación de la entidad. Además, solicita que declaren como investigados otros directivos actuales del banco entre los que no está Torres Vila.

En febrero, el actual presidente prometió una investigación en profundidad, ya concluida y de la que se derivaron ceses como el de Arbizu y Antonio Béjar, responsable de Distrito Castellana Norte, aunque se ha dejado abierta por si surgen nuevas evidencias en la causa judicial, en la que se depurarán las responsabilidades penales. Al mismo tiempo, se mostró convencido de que González no tuvo nada que ver: «Él transmite una conciencia muy tranquila y que no sabía nada de las irregularidades. Yo le creo».

Anticorrupción decidió no instar la imputación de González hasta tomar declaración a varios de los exdirectivos de la entidad, como quien era su jefe de seguridad, Julio Corrochano, quien firmó los contratos con Cenyt, la compañía de seguridad del entramado empresarial de Villarejo, o de Béjar quien en su primera comparecencia en el Juzgado Central de Instrucción número 6 estuvo a punto de tener que aportar una fianza de medio millón de euros como garantía. Anticorrupción renunció a pedirla una vez comprobó su intención de colaborar con la investigación. Asúa fue su jefe directo durante una época.

Quien sí tuvo que hacer frente al pago de 300.000 euros fue Corrochano, a quien en una grabación telefónica se le oye decir que el «presi» le llamaba cada 10 o 15 días, en alusión a González, lo que lleva a pensar que estaba al corriente de esta operación. También está imputado el excosejero delegado Ángel Cano, entre otros exdirectivos del banco.

La investigación surgió del análisis de la documentación del banco e intervenida en los registros de propiedades de Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, en noviembre del 2017, entre los que se encontraron los contratos firmados con el banco en las fechas en las que Sacyr trataba de hacerse con su control. En ello se enmarca el supuesto acceso a 15.000 llamadas de entonces miembros del Gobierno, empresarios y periodistas.