La Agencia Tributaria (AEAT) está investigando a cerca de 600 sociedades extranjeras propietarias de viviendas en España por un valor de en torno a 1.200 millones de euros, y está obteniendo resultados «muy positivos», según anunció ayer la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la inauguración del XXIX Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en Zaragoza.

Estas 600 firmas investigadas por la Unidad Central de Coordinación de Control de Patrimonios Relevantes son principalmente sociedades patrimoniales, pero también socimis (sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario, orientadas al alquiler).

Según Montero, este control está permitiendo identificar a administradores españoles que no han declarado estos patrimonios con «consecuencias tributarias» por fraude en IVA, IRPF, patrimonio o sociedades.

Este es uno de los expedientes de la nueva Unidad Central de Coordinación de Grandes Patrimonios Relevantes, que ejerce un control sobre 170.000 contribuyentes. El control fiscal realizado en el 2018 por esta unidad supuso una liquidación de 494 expedientes, con una recaudación de 347 millones, según los datos aportados por la ministra.

PLAN ESTRATÉGICO / Durante su intervención, la ministra abogó por debatir sobre la contribución de las grandes rentas y patrimonios a las arcas públicas. Avanzó que su departamento está estudiando una revisión para este tipo de contribuyentes, que podría pasar por cambios en el IRPF «u otras figuras fiscales», de modo que «el que más gana pueda contribuir en mayor medida».

El control de los grandes patrimonios, además, forma parte central del Plan Estratégico 2019-2020 que ultima la Agencia Tributaria. El documento también apuesta por un control reforzado a las grandes empresas y la lucha contra la economía sumergida.

Además, la AEAT trabaja en el diseño de una serie de indicadores para medir su eficacia. Se pretende averiguar, por ejemplo, cuál es el efecto inducido de determinadas acciones inspectoras. Estudios internos de la Agencia Tributaria muestran que los contribuyentes inspeccionados en el 2015 elevaron más de un 25% los ingresos declarados en los tres años posteriores.

Para avanzar en el cumplimiento voluntario y la asistencia al contribuyente se pretende poder ofrecer un borrador de declaración del IVA, en principio a un número reducido de contribuyentes dentro de los ya incluidos en el sistema de suministro inmediato de información (SII). En el caso de sociedades, el próximo año (Sociedades 2019) se estrenará una estrategia similar a la del IRPF, de comunicación de datos fiscales al contribuyente.

Además, está prevista la creación de administraciones de asistencia digital integral (ADI), que prestarán atención por medios electrónicos y telefónicos. La prueba piloto se abordará en otoño del 2020 en Valencia, y estará enfocada en el IVA.

Por otra parte, la ministra de Hacienda en funciones abogó ayer por buscar el «equilibrio» entre la armonización fiscal en los impuestoS de sucesiones y de patrimonio y la autonomía fiscal de las comunidades, con el fin de reducir las «asimetrías no justificables». María Jesús Montero rechazó que regiones como Madrid, que «se beneficia del efecto capitalidad», arrastren al resto a hacer bajadas fiscales que no se pueden permitir.