El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado este lunes que va a impulsar un "gran acuerdo nacional por las infraestructuras" en España y espera que pueda estar cerrado en el primer semestre de 2017. Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados,donde acudió para presentar las líneas generales de la política de su departamento durante los próximos años. "Ha llegado el momento de alcanzar un gran pacto de Estado de infraestructuras que permita consolidar una red multimodal de calidad", aseveró De la Serna.

De la Serna ha explicado que este acuerdo se va a impulsar a través de tres foros. El primero es el político, donde jugarán un importante papel el Congreso y el Senado; el segundo es el institucional, con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el tercero es el sectorial, con las distintas asociaciones representativas y los sindicatos. Además, también se tendrá en cuenta al Consejo Asesor de Fomento, en un proceso que De la Serna quiere que sea "transparente y abierto a la sociedad"

AUTOPISTAS QUEBRADAS

De la Serna, se ha referido también al rescate de las autopistas quebradas para señalar que es "difícil" calcular el coste que supondrá para el Estado. Y que es algo que "tendrá que fijarse con posteridad al proceso de liquidación" de las mismas, algo que prevé "será objetivo de litigio" en los tribunales. De la Serna ha indicado que la cuantía dependerá de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que el Estado tenga que asumir por las inversiones realizadas por parte de las empresas concesionarias, algo que es "complejo" de calcular. La patronal de grandes constructoras Seopan cifró en 5.500 millones de euros el coste para el Estado por la quiebra de las autopistas de peaje, aunque recientes informaciones apuntan a que la cifra rondaría los 2.100 millones.

Ha subrayado que "es un procedimiento judicial, no existe decisión política, sino que estamos sometidos a la situación en que se encuentran estas autopistas, que están ya en un proceso de liquidación". Por lo tanto, agregó, "el Gobierno lo que tiene que garantizar es, defendiendo el interés general de los ciudadanos, que puedan abrirse al día siguiente en un proceso que es inevitable".