El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha anunciado este lunes que el Gobierno tiene la intención de no pagar una indemnización a ACS y la francesa Eiffagge por la rescisión de la concesión del tramo del túnel Figueres-Perpiñán del AVE. Los abogados de la compañía presidida por Florentino Pérez estimaron en su día que la compensación podría llegar hasta los 500 millones de euros, con lo que es muy probable que se inicie un proceso de litigios que puede llegar a durar años.
TP Ferro, la compañía gestora del túnel participada a partes iguales por las constructoras ACS y Eiffage, lleva más de un año en concurso de acreedores, que no ha podido superar ya que la banca acreedora no aceptó el plan de los accionistas para reestructurar y abonar la deuda de 557 millones de euros. Ante esta situación, el Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes a Fomento a rescindir el contrato de concesión "por incumplimientos de la concesionaria".
La rescisión del contrato obliga al Estado a hacer frente a la denominada responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, De la Serna ha asegurado en el Congreso que pretende plantear, de acuerdo con Francia, una "indemnización cero" debido a que entiende que las compañías incumplieron su contrato. Fuentes de Fomento aseguraron hace meses, en la anterior legislatura y con otro titular del departamento, que que al Estado no le quedará más remedio que hacer frente a este pago pero pensaba plantar batalla para reducir el importe al mínimo posible.
NUEVAS SOCIEDAD
El ministro ha firmado esta mañana en Paris un acuerdo con Francia para que la infraestructura sea operada por una compañía conjunta participada al 50% por Adif y su homóloga gala, que se denominará Línea Figueras-Perpignan (LFP) y tendrá su sede en Madrid. ACS y Eiffage han emprendido en los últimos años tres arbitrajes internacionales para reclamar distintas cantidades a España y Francia. Uno lo perdieron, otro decayó y el tercero está pendiente de resolución.
De la Serna, por otra parte, ha negado que la inminente nacionalización de las autopistas en concurso de acreedores y liquidación constituya un rescate público, como el de los bancos, ya que "no existe una decisión política" detrás de ello, sino que el Gobierno se va a limitar a cumplir los contratos porque no tiene otra opción. El coste, ha añadio, es aún difícil de calcular y será causa de litigios entre el Estados y las empresas.
