Duro revés a Apple en Francia. Ayer el gigante tecnológico estadounidense aceptó pagar una multa de 25 millones de euros impuesta por la justicia francesa al considerar que la compañía ocultó información. La sanción es el resultado de una investigación llevada a cabo por los servicios antifraude galos, que llegaron a la conclusión que Apple tuvo carencias en su proceso de información sobre las actualizaciones del sistema de explotación de sus teléfonos inteligentes iPhone, que en muchos casos ralentizaban el móvil.

La compañía de la famosa manzana creada por Steve Jobs aceptó ayer el pago de la multa para evitar así un proceso judicial que le podría haber sido más costoso. De haberse sentado en el banquillo de los acusados y haber sido condenado, el grupo dirigido ahora por Tim Cook se hubiera expuesto a una multa que podía haber ascendido al 10% de su facturación anual en Francia.

Además de abonar la sanción, tendrá que publicar un comunicado durante un mes en su página web. Así lo precisó también ayer la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude.

BATERíAS POLÉMICAS / Para este organismo oficial francés dependiente del Ministerio de Economía, las lagunas en la información que dio la multinacional estadounidense sobre la actualización del sistema iOS (en las versiones 10.2.1 y 11.2) constituyeron «una práctica comercial engañosa por omisión».

El procedimiento lo inició la Fiscalía de París el 5 de enero del 2018 basándose en la denuncia de la asociación Alto a la Obsolescencia Programada (HAP, por sus siglas en francés) tras las quejas de miles de usuarios de los modelos de iPhone 6, SE y 7, que habían constatado que sus aparatos iban más lentos después de esa actualización.

Conocido como Batterygate, el caso arrancó por una denuncia en la red social Reddit, en la que se alarmaba de la presencia de un algoritmo de actualización de esos modelos. Entonces se acusó a Apple de ralentizar sus iPhone para obligar a sus usuarios a comprarse un modelo más avanzado.

Más adelante, el gigante tecnológico aceptó haber implementado esa función pero aseguró que con ello pretendía suavizar las cargas de trabajo de las baterías y evitar que los dispositivos se apagasen «inesperadamente» para aumentar así la autonomía de sus iPhone.

Sin embargo, en el proceso Apple no advirtió a sus clientes de esa gestión para reducir el rendimiento de sus dispositivos. Usuarios, gobiernos y grupos de consumidores se sintieron molestos porque, hasta entonces, la compañía no había dado ningún detalle de esa actualización.

hasta 11 millones / Ante la imposibilidad de volver a la versión precedente del sistema de explotación, muchos de los usuarios se vieron obligados a cambiar de batería o, incluso, a comprar un teléfono nuevo.

Apple terminó lanzando en el 2018 un programa de cambio de batería que costaba 29 euros, reduciendo el precio habitual de 89 euros a causa de esa situación especial.

Según el rotativo francés Le Parisien, hasta 15.000 usuarios fueron afectados por esa actualización. Ese año, Apple terminó reemplazando 11 millones de baterías en todo el mundo, cuando lo habitual era entre uno y dos millones.

En su demanda, la HAP reprochó a Apple un delito de obsolescencia programada, pero los investigadores descartaron ese cargo durante la instrucción para orientarse hacia los problemas de información.

El acuerdo transaccional con el servicio antifraude francés no cierra a los consumidores la posibilidad de demandar a Apple por lo civil para reclamar indemnizaciones.

El grupo de la manzana reaccionó con un comunicado en el que insistió en que su objetivo «ha sido siempre crear productos seguros apreciados por los clientes, y una parte importante de eso es hacer que los iPhone duren tanto como sea posible».