Sin hacer excesivo ruido, el Gobierno francés ha realizado la mayor privatización de una infraestructura desde la venta de las autopistas de peaje entre los años 2005 y 2006. El pasado 28 de julio, el aeropuerto de Niza y el de Lyon dejaron de estar en manos del Estado francés. Con la privatización de sendos aeródromos regionales, las arcas públicas han recuperado una cifra nada desdeñable: 1.757 millones de euros.
Después de tres meses de trámites y licitaciones, los ministerios de Economía e Industria, designaban a los nuevos propietarios de sendos aeropuertos. Hasta el 2044, el aeropuerto de Niza estará en manos del consorcio Azzurra, una alianza formada por la empresa italiana Atlantia (65%), el aeropuerto de Roma (10%) y una filial de la empresa eléctrica francesa EDF Invest (25%). El aeródromo de Lyon ha recaído en manos del consorcio formado por Vinci Airports (51%), Caisse des Dépôts et Consignations (24,5%), entidad financiera de carácter estatal, y la aseguradora Predica (24,5%).
Así, sendos consorcios controlarán el 60% de sus respectivos aeropuertos, la participación que, hasta ahora, era propiedad del Estado. Las respectivas cámaras de comercio e industria, así como las administraciones regionales, departamentales y locales, continuarán controlando el 40%.
LA MEJOR OFERTA ECONÓMICA
Tras el anuncio del cierre de la venta, el ministerio de Finanzas y el de Economía, reconocían que ambas asignaciones se han basado en la mejor oferta económica. El consorcio Azzura puso sobre la mesa un cheque de 1.220 millones de euros para convertirse en el propietario del tercer aeropuerto más importante de Francia, con un tránsito de 12 millones de pasajeros al año. Por su parte, el consorcio liderado por Vinci Airports, desembolsará 535 millones de euros para explotar el aeródromo de Lyon, en el cuarto puesto del ranking con 9 millones de pasajeros anuales, hasta 2047.
Según el ministerio de Finanzas, las propuestas de desarrollo a largo plazo también han jugado un papel esencial en la decisión del Ejecutivo. “Un inversor privado experimentado y que se compromete a largo plazo debe permitir ofrecer perspectivas sólidas para el desarrollo del aeropuerto y de su territorio”, remarcaba el ministerio público en un comunicado, haciendo referencia al grupo Azzurra. Todo para “contribuir al atractivo y al dinamismo de toda la economía regional como ya ha ocurrido en Europa en operaciones anteriores, especialmente en Bélgica, en Alemania, en el Reino Unido y en Italia”.
Tras la privatización de sendos aeropuertos, que se suma a la venta del aeródromo de Toulouse en 2015, el Ejecutivo aseguraba que el Estado “garantizará la robustez económica de la empresa y el respeto de las exigencias vinculadas al servicio público portuario”, a través de los mecanismos que aún conserva.
POLÉMICA
Sin embargo, la polémica sobre la privatización del aeropuerto de Lyon ha empañado la campaña de comunicación del Ejecutivo. La Cámara de Comercio y de Industria de Lyon metropolitano, el departamento de Rhône o los representantes de la mismas regiones, se retiraron del proceso de designación. Todos ellos estimaban que las seis propuestas que se presentaron al concurso deberían haber sido estudiadas. Sin embargo, el Estado seleccionó únicamente a dos de ellas, la del grupo Azzura y la del consorcio Vinci Airports.
“El procedimiento estaba viciado, no cumplía las especificaciones que enmarcan la elección del comprador. Se trata de una decisión de París, en contra de los intereses territoriales”, denunciaba el presidente del grupo Los Republicanos en la región de Auvergne-Rhône-Alpes. La región asegura que presentará un recurso ante el Tribunal Administrativo de la capital francesa a principios de este mes de agosto.
No es la primera vez que la privatización de un aeropuerto se sitúa en el centro de las críticas. En julio de 2015, el Ejecutivo de François Hollande privatizó el aeródromo de Toulouse. La venta de la mitad de su capital supuso 308 millones de euros de beneficio para las arcas públicas. El grupo chino Casil se designó como el mejor postor con un objetivo claro: incrementar el tráfico de 7,5 a 18 millones de pasajeros al año. Pocos meses después de tomar las riendas del aeropuerto, el grupo empresarial, llamado ahora Casil Europe, propuso una medida que ha hecho saltar todas las alarmas: “la distribución de las reservas”. Resumiendo, recurrir al fondo de 70 millones de euros, acumulado a lo largo de los años por el resto de accionistas, todos ellos públicos.
