En España hay aún algo más de 230.000 empleados públicos no trasferidos a las comunidades autónomas que forman parte de la Administración General del Estado (AGE), que se ocupan de todo tipo de actividades, desde el nivel más alto (titulados universitarios) al más bajo (solo con estudios básicos). Sus funciones puede ser las mismas que sus homólogos en la administración autonómica, pero el sueldo es mucho menor. La diferencia puede llegar a ser del 25%, entre 1.000 y 21.600 euros anuales menos para los trabajadores de la administración central por el mismo empleo, según un estudio realizado por el sindicato CSIF.
Desde el 2010, todos los trabajadores públicos han sufrido recortes y congelaciones de sueldos y de sus condiciones laborales, además de una reducción de las plantillas al no reponerse las bajas producidas. Pese a los recortes, la brecha salarial entre los empleados de las distintas administraciones se ha mantenido pues parte de unas diferencias, que en el CSIF se califica de "agravio comparativo" anteriores a la crisis.
A ello hay que añadir la pérdida de poder adquisitivo del 20% que han sufrido las administraciones públicas en los últimos años. Desde el 2010, con la disminución de efectivos, la masa salarial se ha reducido en 1.657,7 millones de euros.
Fondos para equiparar salarios
Cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado, el CSIF quiere acordar con el Gobierno y los grupos parlamentarios que se destinen 500 millones de euros para equiparar los salarios públicos entre las distintas administraciones. Los empleados de Instituciones Penitenciarias y los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son los más perjudicados por la brecha salarial en comparación con sus homólogos autonómicos.
El informe de la central, realizado a partir de los datos de las comunidades con un número significativo de funcionarios (Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón y Galicia), muestra estas diferencias y su relación con la riqueza de cada territorio y su sistema de financiación. Así, País Vasco y Navarra (con su específico modelo foral de cupo) son las dos comunidades que mejor pagan a sus empleados.
En términos generales, la menor diferencia retributiva (1.000 euros) corresponde al personal laboral en tareas de mantenimiento y servicios, mientras que la brecha más acusada (21.600 euros) surge al relacionar lo que cobra un funcionario A1 (titulado superior) de la AGE respecto al mismo puesto en el País Vasco.
El estudio compara los mismos conceptos retributivos ya que no todas las autonomías, sean más ricas o más pobres, de régimen general o no, pagan lo mismo ni se pueden establecer grupos homogéneos. Por ejemplo, Madrid, Andalucía y Extremadura tienen un alto grado de personal laboral (sin carrera funcionarial u oposición).
Además en todas las administraciones hay un alto número de complementos específicos (en la AGE suman 110) por lo que dentro del mismo nivel se da un gran abanico de retribuciones.
