Sin acuerdo para la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo). La dirección de la compañía alega que ha sido "imposible" llegar a un acuerdo para vender la planta de aluminio a la multinacional británica interesada en comprar el complejo industrial, como consecuencia de las "demandas poco razonables de GFG Alliance".
La dirección de Alcoa se reúne este lunes con los representantes de los trabajadores con el tema único de un plan social para un erte o, a falta de acuerdo sobre este tipo de regulación, la aplicación de un despido colectivo permanente.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Xunta de Galicia han trasladado al comité de empresa de Alcoa su "decepción" por la ruptura de las negociaciones y han acusado a la compañía de actuar de "mala fe". La ministra Reyes Maroto y el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde López, se han reunido telemáticamente con representantes de UGT-FICA, CCOO de Industria y CIG, a los que han trasladado su malestar por la decisión de Alcoa de romper las negociaciones para la venta a la británica Liberty House, apenas una hora antes de que finalizara el plazo establecido para llegar a un acuerdo.
"La compañía norteamericana ha rechazado sistemáticamente todas las ofertas que se han puesto sobre la mesa en las últimas semanas, tanto desde el comprador interesado, Liberty House, como del propio Gobierno de España, que estaba dispuesto a comprar temporalmente la planta a través de la SEPI, para venderla inmediatamente a continuación a los británicos de Liberty", subraya el Ministerio en un comunicado.
El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ha asegurado que el ere o el erte que pretende aplicar la multinacional, y que podría dejar en la calle a más de medio millar de trabajadores de la planta de aluminio primario, es a todas luces "ilegal", porque la compañía se negó a vender la fábrica incluso al propio Gobierno de España. En declaraciones a EFE, antes de las dos reuniones en las que participará este lunes con los representantes de Alcoa, Zan ha indicado que la postura de la empresa en relación con la posibilidad de que fuese el propio Gobierno el que adquiriese la fábrica a través de la SEPI es "la gota que colma el vaso". "No es que exista mala fe, es que existe una premeditación absoluta por parte de Alcoa para cerrar la planta", ha defendido Zan, porque "el Gobierno dice que intentó comprar la fábrica pero la multinacional no se la quiso vender".
La dirección de Alcoa ha asegurado que ha negociado "de buena fe a lo largo del proceso" y ha hecho una "oferta equilibrada" para ambas partes, con "varias concesiones para llegar a un acuerdo", mientras que GFG "no ha negociado dentro del plazo que se comprometió a cumplir, se ha negado a proporcionar ningún tipo de financiación para apoyar el futuro de la planta y ha insistido en términos comerciales poco razonables". En cuanto a esas demandas "poco razonables", cita Alcoa el interés de GFG Alliance por la venta futura de la refinería de alúmina, que forma parte del complejo industrial de San Cibrao, lo cual está fuera del acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores el 13 de agosto, dado que solo se planteó la venta de la planta de aluminio primario exclusivamente.
Situación insostenible
Según la multinacional estadounidense, la planta de San Cibrao se encuentra en una situación insostenible debido en gran parte a la falta de un marco energético competitivo en costes y certidumbre para la producción de aluminio, de modo que ha acumulado pérdidas que suman más de 110 millones de euros en los dos últimos años -2018 y 2019-. Alcoa afirma que la planta está perdiendo en estos momentos "aproximadamente un millón de euros por semana".
Alcoa reconoce que el Gobierno también hizo propuestas en los últimos días a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), pero sus propuestas "también incluyen una serie de cuestiones que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables; entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería". La compañía subraya que "no se puede exigir a Alcoa que aporte más recursos y financiación de los que ya se ha comprometido a realizar en cantidades importantes en este proceso de venta, ni que acepte condiciones fuera de mercado, ni peticiones fuera del ámbito del acuerdo con los representantes de los trabajadores".
