Glovo ha cerrado este jueves una nueva ronda de financiación de 150 millones de euros, el mismo importe con el que clausuró la última, en abril de este mismo año. Así lo ha publicitado la empresa digital de reparto en un comunicado, en el que también detalla que ha repetido en esta ocasión con varios de sus anteriores socios inversores, como Drake Enterprises o Lakestar; aunque la inversión ha estado liderada por Mubdala. Esta es la quinta ronda de financiación que consigue cerrar la compañía fundada por Oscar Pierre, lo que la convierte en un 'unicornio'; al superar entre todas los 1.000 millones de euros.
La nueva inyección de dinero (Serie E) le servirá a esta 'start-up' de origen barcelonés, tal como se autodenomina, para apuntalar varias de las apuestas que ha realizado durante este ejercicio. Una de ellas ha sido la de llevarse parte de su expansión tecnológica a Polonia, donde en noviembre abrió un 'hub' con casi 100 'techies'. Su intención es crecer en cuanto a plantilla por ese eje, ya que de cara al 2020 tiene previsto contratar 300 ingenieros informáticos más. Y otro movimiento reciente de la compañía fue el de adquirir por 35 millones de euros un potencial competidor del reparto a domicilio como Pizza Portal.
El siguiente paso en su estrategia de expansión es el de ampliar su división de 'dark stores', es decir, almacenes propios para centralizar la distribución de productos de cara a mejorar la eficiencia y tiempos de sus repartidores o 'riders'. Según ha detallado la compañía, actualmente siete dark stores en Barcelona, Madrid, Buenos Aires y Lima, y planea inaugurar 100 antes del 2021.
MODELO EN CUESTIÓN
El éxito de Glovo a la hora de captar inversiones contrasta con los problemas legales que se está encontrando en España respecto a sus modelo laboral. El grueso de los empleados que están contratados por Glovo en España son trabajadores cualificados de oficina y computación; en Barcelona emplea a 500 profesionales de este tipo. No obstante, para materializar los pedidos de la aplicación al domicilio de los particulares entran en escena los más de 7.000 repartidores con los que trabaja en toda España. Estos operan con Glovo en una relación de trabajadores autónomos.
Una relación que la justicia española ha puesto en duda y sobre la que 11 de 19 tribunales que han dictado sentencia al respecto, en el caso de denuncias de particulares, han fallado en contra. Los 'riders' deben ser asalariados, puesto que no tienen margen para negociar las tarifas que perciben de Glovo, no deben justificar las ausencias con antelación para no ser penalizados y, principalmente, dependen del algoritmo de la aplicación informática para operar; pues sin esta no tendrían capacidad operativa propia para llegar al público que llegan con Glovo.
Un criterio, el de estos 11 tribunales, que ha compartido Inspección de Trabajo en cada una de sus actuaciones en Barcelona, Madrid y Zaragoza, entre otras. La última tuvo lugar en Mallorca y se hizo pública la semana pasada. El resultado fue que Glovo fue obligado a dar de alta como asalariados a 361 'riders' y a pagar 365.392 euros en conceptos de cuotas no pagadas a la Seguridad Social. Entre todas ellas suman más de 12 millones de euros; impugnados ante los tribunales y a la espera de juicio.
