Glovo deberá pagar un total de 3.842.602,35 euros en concepto de cuotas atrasadas a la Seguridad Social por emplear durante un periodo de tres años a un total de 3.573 repartidores como falsos autónomos en la ciudad de Barcelona. Estas son las cifras que deja el acta de liquidación propuesta por la Inspección de Trabajo, sobre una actuación que ya avanzó el Periódico de Catalunya el pasado febrero y a la que ha tenido acceso recientemente. Y este es el requerimiento más grande que dicho organismo ha efectuado sobre una empresa digital de reparto en toda España, en pleno debate jurídico sobre la legalidad o no de su modelo laboral.
No será hasta febrero del 2020 cuando el acta de Inspección de Trabajo está previsto que sea revisada en un juzgado de lo social de Barcelona, que un magistrado determinará si la actuación de la policía laboral fue pertinente y, en consecuencia, Glovo deberá pagar la factura por incurrir en un mal encuadramiento. O bien el juez fallará a favor de la empresa y la eximirá de toda responsabilidad. De momento Glovo sigue operando, los 3,8 millones están congelados y los riders de España siguen pagando sus propias cuotas.
