El Gobierno ha decidido acelerar su plan para promover la vivienda social en España y decidió ayer aprobar en Consejo de Ministros dar el primer paso para la regulación del derecho de superficie para la promoción de vivienda destinada al alquiler asequible por parte de promotoras privadas, «para impulsar la regeneración de territorio y la rehabilitación urbana como palancas de la recuperación económica y la creación de empleo», según destaca el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha desarrollado el decreto ley donde se incluye esta medida que, en síntesis, regula una series de especialidades del derecho de superficie o concesión demanial (afectados para el uso y servicio público) destinada en exclusiva a la promoción de vivienda de alquiler asequible. La principal novedad de la ley es la cesión gratuita del suelo: la eliminación del canon en la cesión de suelo público, de hasta 75 años, para que los promotores privados puedan llevar a cabo vivienda de alquiler, algo que no se podía realizar con la actual normativa, ya que los promotores estaban sujetos al pago de ese canon, según explicó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. «Esta medida tiene como objetivo dinamizar la economía y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en España, que incluso ha ido a menos por determinadas políticas», reiteró el ministro, que apuntó que las viviendas de alquiler social en España son únicamente el 2,5% del total, frente al 5% en la media de la UE.

En este sentido, puso en valor que esta es una medida «importante» porque elimina un «obstáculo de carácter legal» que impedía que el canon pudiera ser cero en determinadas circunstancias, dentro del programa de colaboración público-privada para alquiler social. El Ministerio se propone articular herramientas para mejorar la oferta. Así lo explicó el secretario general de Agenda Urbana, del Ministerio, David Lucas, en un acto organizado por Esade Alumni: «Nuestra mayor preocupación es que en 40 años no hemos sabido solventar los problemas de acceder a una vivienda digna a precios razonables», comentó.

MEDIDAS / «Hacía falta crear un marco general del Estado y estas medidas lo permiten», dijo. Lucas recordó que las medidas aprobadas permiten desarrollar el Plan 20.000, con el que se pretende edificar ese número de viviendas y que implica una inversión de 2.000 millones de euros en desarrollo y rehabilitación de vivienda asequible y la creación de más de 200.000 empleos. El ministerio cuenta con fondos de Bruselas para llevar a cabo el plan. Para la iniciativa privada el plan ministerial es necesario, pero debería de dar más margen de actuación al sector. Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa (Blackstone), planteo la necesidad de establecer un pacto público-privado para desarrollar el plan, pero agregó la necesidad «de movilizar suelo privado», para asegurar que el suelo que se construye se ajusta a las necesidades de la demanda ya que, «no está claro que el suelo público disponible se ajuste a esa necesidad».