El Gobierno ha abierto este jueves junto a los agentes sociales el debate sobre cómo debe ser la reconstrucción de la economía española tras el mazazo sin precedentes de la covid-19. El Ejecutivo busca compartir con los diferentes partidos políticos, las patronales y los sindicatos más representativos un espacio donde proyectar cuales deben ser las soluciones para atajar la crisis económica más intensa en la historia reciente y sobre qué cimientos debe edificarse la estructura económica de la "nueva normalidad". La patronal aboga por las moratorias fiscales y un trato diferenciado para recuperar rápidamente el sector turístico, los sindicatos plantean planes 'renove' focalizados en la industria y la construcción, para reducir la histórica dependencia española del 'sol y playa' y la ministra de Trabajo ha avanzado una reforma del sistema de protección por desempleo para dar respuesta a la escalada del paro que la mayoría de casas de estudios pronostican para finales de año.
La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica celebrada este jueves en el Congreso fue el primer cruce público de propuestas que compartieron el Gobierno y los agentes sociales de cara a consensuar esa economía post covid. CCOO y UGT han anticipado su participación con una rueda de prensa para hacer coincidir mediáticamente sus propuestas. Dotar de un mayor peso al hoy menguante tejido industrial español fue uno de los pocos consensos que traslucieron de los discursos de los diferentes actores implicados. Los anuncios de cierre en Nissan o Alcoa están recientes y la solidez que ha demostrado el empleo en aquellos países o regiones más industrializadas ante el azote del virus no les fue ajeno a los presentes.
La cara 'b' a esa resiliencia a las crisis la está mostrando el turismo, que la patronal pretende reactivar en la mayor prontitud y mimar con "medidas laborales, fiscales y financieras diferenciadas", según afirmó Garamendi. Un sector que emplea a 2,6 millones de personas en España y que representa, al igual que la industria, el 14% del PIB. Y del que los sindicatos pretenden desengancharse, apostando por planes de estímulo para la industria y de ayudas públicas para promover la rehabilitación en la construcción, no tanto las nuevas edificaciones o programas de obra pública en grandes cantidades. "Debemos aprender de los errores del pasado", ha declarado Sordo.
Dos hojas de ruta que chocan diametralmente a la hora de buscar los recursos para financiarse y el marco laboral en el que estas deben desarrollarse. Ambos planteamientos ven inevitable un incremento de la deuda pública, que ya baticinó (y alentó) el FMI para casi todas las economías del mundo. No obstante, la patronal rehuye cualquier subida de impuestos (más bien apuesta por las moratorias); mientras las centrales ven necesario un incremento de la presión fiscal para las rentas más altas.
La derogación de la reforma laboral del 2012 continúa enfrentando a ambas bancadas. Los sindicatos urgen al Gobierno a acometerla para evitar una caída generalizada de los salarios a finales de año. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve margen para el acuerdo dentro del diálogo social. Y CEOE se cierra en banda a negociar cualquier elemento que reste "flexibilidad" a las empresas. "No estoy discutiendo la legitimidad de las urnas. Lo que sí digo es que si se hace y si no se hace bien pues igual hay más paro todavía", ha declarado Garamendi.
ICO Y BANCA PÚBLICA
Los agentes sociales no solo han abordado lo pendiente, sino también lo ejecutado. En paralelo a las negociaciones para prorrogar por tercera vez los incentivos a los ERTE, que podrían tener desenlace antes del próximo Consejo de Ministros ordinario, patronales y sindicatos también evaluaron el funcionamiento de los créditos ICO, otra de las principales medidas para paliar los efectos de la covid-19 sobre el tejido económico. El presidente de la CEOE ha considerado que este mecanismo ha funcionado hasta ahora "razonablemente bien" y ha instado al Gobierno a persistir, en el tiempo y en dotación económica, en esa línea.
Por su parte, CCOO y UGT han declarado que esta fórmula ha revelado, en su opinión, carencias a la hora de inyectar liquidez en las pequeñas empresas y los autónomos. Y para subsanarlo han instado al Gobierno a que apueste por un banca pública que vehicule estas medidas. "La banca pública debe ser una apuesta estratégica, no tiene sentido privatizar Bankia, sino que debe ser el instrumento de financiación pública por excelencia para este nuevo tiempo", reza el documento elaborado conjuntamente por las centrales.
REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN AL DESEMPLEO
La crisis de la covid-19 ha obligado al Gobierno a plantear nuevos debates y a acelerar otros que planificaba a lo largo de la legislatura. Ha sido el caso del introducido por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha planteado reformar el actual sistema de protección por desempleo ante la actual emergencia. Lo que pasaría, entre otros, por consolidar parte de los subsidios habilitados de manera extraordinaria más allá del estado de alarma, como es el caso de las ayudas para trabajadores temporales que han perdido el empleo o trabajadoras del hogar que han visto disminuir sus ingresos de manera drástica. Dos colectivos a los que Trabajo ha reconocido unas 25.000 prestaciones, según confirman desde el departamento dirigido por Díaz.
La voluntad de Trabajo es aumentar la tasa de cobertura de las personas en desempleo, que antes de comenzar la pandemia se situaba en torno al 60% y llegaba a dos millones de personas en paro. Y pretende hacerlo a través de ampliar la extensión de los subsidios por desempleo, es decir, aquellos que dependen de la carencia de ingresos y no tanto de la contribución previa del trabajador. Lo que persigue llegar a esas "periferias de precariedad", según ha calificado la ministra, que la crisis está ensanchando.
