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Los cambios en el mercado de trabajo

El Gobierno y los agentes sociales enfilan la contrarreforma laboral

El consenso que hubo sobre el salario mínimo será complicado de repetir en otros aspectos. El Ejecutivo prepara una negociación en dos fases para derogar parte del legado del Partido Popular

 

GABRIEL UBIETO
25/01/2020

Las negociaciones que culminaron esta semana en la subida del salario mínimo a 950 euros fueron el prólogo del diálogo social que comenzará a escribirse el próximo jueves. La contrarreforma laboral que el Gobierno pretende consensuar con patronal y sindicatos antes de plasmar en negro sobre blanco promete dividirse en dos volúmenes, en los que el margen de acuerdo no será el mismo. La bibliografía del buen acuerdo, aquel en el que todas las partes ceden en algo, guió las páginas de ese prólogo que fue la primera subida del SMI. Queda por ver si regirá en toda la legislatura.

El documento en el que se recogió la hoja de ruta de la «coalición progresista», tal como el PSOE y Unidas Podemos bautizaron, recogía (sin desgranar) las líneas argumentales que marcarán el diálogo social que el presidente Pedro Sánchez prevé, si las agendas lo permiten, comenzar a escribir el próximo jueves.

El contenido de las conversaciones con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT será ese y difícilmente incorporará novedades, tal como se encargó de dejar claro la ministra-portavoz, María Jesús Montero. «El acuerdo programático especifica con mucha claridad cuáles son los elementos de la reforma laboral que consideramos más perjudiciales para los trabajadores», afirmó Montero tras el último Consejo de Ministros.

La unidad de acción de los diferentes ministerios (y colores políticos) implicados en ese diálogo social depende de ello. «Fue objeto de discusión y de diferentes reuniones», reconoció Montero. Cuestiones como la recuperación de la autorización administrativa necesaria para que una empresa inicie un expediente de regulación de empleo (ERE) o la obligación de pago de los salarios de tramitación en caso de despido no forman parte del andamiaje de la reforma laboral del PP que el PSOE y Unidas Podemos pactaron desmontar.

Ultraactividad, prioridad aplicativa entre convenios, subcontratación, condiciones del contrato y las causas del despido son los grandes temas a abordar durante la legislatura.

Y, tal como avanzó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las conversaciones fluirán en dos fases. En la primera se abordarán aquellos aspectos en los que el consenso entre las partes parece más fácil de conseguir. Y la intención de la dirigente podemista es dejar aquellos temas más complicados de pactar o entre los que existen más discrepancias para una segunda fase.

Gran parte del contenido recogido en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos ya figura en un borrador que se quedó en los cajones del despacho de la antecesora de Díaz, la socialista Magdalena Valerio. En diciembre del 2018 los sindicatos y la ex ministra cerraron un acuerdo de derogación parcial, sin el acuerdo de la CEOE. El borrador consistía en recuperar la ultaactividad indefinida.

También la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa. Así como una reforma de la subcontratación y otra para las empresas multiservicios, con el objetivo de limitar ambas a ciertas circunstancias o actividades.

Volver a la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa se plantea, según coinciden fuentes sindicales y patronales consultadas, como un elemento de consenso.

La baja extensión de los convenios de empresa contribuye a ello, pues solo afectan al 6,2% de los trabajadores que se rigen por un convenio. Y recuperar un cierto nivel de actividad promete ser un tema a caballo entre el capítulo de consenso y el de disenso; pues las fuentes patronales consultadas reconocen que no verían con especial preocupación ampliar el año actual que contempla la ley. Volver a una ultraactividad indefinida plantea más resistencias.

Cuestiones como la reforma de las causas y condiciones de la subcontratación pueden generar mayores disensos entre Gobierno, patronal y sindicatos. Definir, con más o menos concreción, cual es la actividad principal y qué convenios son aplicables en caso de subcontratar un servicio serán debates en los que las partes parten de posiciones más alejadas. Ese segundo capítulo de las mesas del diálogo social no necesariamente deberá implicar el final de las mismas, pues el Ejecutivo tiene entre sus promesas un epílogo: un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Por otro lado, la derogación del artículo 52-D del Estatuto de los Trabajadores se ha excluido de la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales, pues tiene el apoyo unánime de los sindicatos y la patronal no ha manifestado su oposición. No obstante, ¿qué pasará con aquellas personas que han sido despedidas hasta la fecha invocando el 52-D? «Esto solo lo pueden decir los jueces», trasladan fuentes del Ministro de Trabajo. La ley que se ultima desde las oficinas dirigidas por Yolanda Díaz no será de carácter retroactivo, pues jurídicamente no es posible, afirman las mismas fuentes.

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