Este jueves se puede reabrir el diálogo social. La cita de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, con los líderes sindicales y empresariales --Ignacio Fernández Toxo, Josep Maria Álvarez, Juan Rosell y Antonio Garamendi--, debería ser la palanca para que los temas sociales -salarios públicos, pensiones, renta mínima, lucha contra la pobreza, entre otros—marquen la agencia política en la legislatura que acaba de empezar. Este jueves también será el momento en que el presidente del Gobierno muestre el alcance de su "infinita" disposición al diálogo expresada esta semana pasada ante un nutrido grupo de directivos empresariales. Sin embargo, nada hace presagiar que en el encuentro, que aún no tiene hora fijada, se vayan a producir cambios ni anuncios importantes.
Tampoco los va a haber el próximo martes cuando la ministra de Empleo, Fátima Báñez, comparezca ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. En ninguno de estos dos encuentros ni la oposición ni los sindicatos esperan grandes anuncios. En todo caso no serán anuncios que cambien las políticas a medio plazo porque, según las fuentes consultadas, el Ejecutivo está en pleno proceso de elaboración de los Presupuestos generales del Estado para el 2017 y no puede comprometerse con decisiones que romperían unas cuentas que se anuncian como restrictivas para cumplir con el mandato de Bruselas.
Tanto las fuentes sindicales como políticas consultadas reconocen su escepticismo ante las proclamas de diálogo que ha prometido Rajoy y la ministra Báñez. "No creemos que la ministra se moje mucho y argumentará que es lo que dice la ley" es la frase que sintetiza las reflexiones de los interlocutores sociales y de la oposición.
La subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional (SMI), el incremento de las retribuciones de los funcionarios, la adopción de una renta mínima de inserción y la adopción de medidas contra la pobreza son las cuestiones que los sindicatos pondrán encima de la mesa de Moncloa. Pese a las buenas palabras, la respuesta de Rajoy se escudará en que hay que cumplir con la estabilidad presupuestaria y que lleva aparejado un recorte de más de 5.000 millones de euros.
EL VETO
Las peticiones sindicales se han concretado en proposiciones de ley de los grupos de la oposición de forma colectiva o del PSOE y Podemos individualmente en el Congreso de los Diputados. Muchas de ellas se han aprobado y están a la espera de que el Gobierno cumpla con el mandado de la mayoría parlamentaria. Sin embargo, va a esquivar este mandato alegando que la Constitución y el reglamento de la Cámara Baja le permiten vetar cualquier iniciativa de la oposición que supongan aumento del gasto o disminución de los ingresos.
Este precepto se refiere sobre todo a los Presupuestos del Estado, pero el Ejecutivo lo puso en práctica hace un mes en una reunión de laMesa del Congreso que tramitó distintas iniciativas de la oposición que, no obstante, desoyó estas instrucciones. Este veto afectará a la proposición socialista para mejorar las condiciones de los subcontratados, que supone una reforma del Estatuto de los Trabajadores. El Ejecutivo alega que supondría una caída de los ingresos de 43 millones de euros.
La misma suerte pueden corren las pensiones, que durante la primera legislatura de Rajoy solo se han incrementado el mínimo legal previsto, el 0,25%. También el Gobierno evita comprometerse con una subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros en los dos próximos años.
Los sindicatos recordarán a Rajoy su optimismo manifestado hace unos días sobre la buena marcha de la economía española el próximo año. Ante un congreso de directivos, el jefe del Ejecutivo aseguró que en el primer semestre del 2017 se recuperaría el nivel de PIB previo a la crisis, y aunque aplazó a final de la legislatura lograr el mismo nivel de empleo, se felicitó por el aumento de la recaudación. Y además, apuntan, los beneficios empresariales están creciendo muy por encima de las rentas salariales.
Si las cuentas van tan bien, aseguran los sindicatos, es el momento de iniciar el camino de las contrarreformas y de recuperar los derechos recortados en los primeros cuatro años de la era Rajoy.
La urgencia de los temporales e interinos
Las sentencias contra el fraude en la contratación y despido de los interinos en las Administraciones Públicas se van a seguir produciendo durante el mes que tiene de plazo la comisión de expertos formada por el Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales. La última, el pasado viernes, cuatro días después de que los expertos mantuvieran su primera reunión el pasado día 14.
Desde esa fecha hasta el mismo día del próximo mes de diciembre el grupo formado por seis catedráticos y profesores de Derecho del Trabajo tienen de tiempo para elaborar una propuesta al Gobierno para determinar el encaje legal de las sentencias, sobre todo, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que recriminó a España tratar de diferente manera a los trabajadores públicos interinos que a los de plantilla.
Las federaciones de los empleados de CCOO y UGT han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para impulsar una proposición de ley que garantice la subida salarial en la función pública, al tiempo que presionan al Ministerio de Hacienda para que convoque la mesa del sector y negocie una solución para evitar más casos fraudulentos.
El Gobierno no se da por aludido con estas sentencias porque sostienen que será una medida que se aplicará en el futuro. Además, las sentencias no afectan a la administración del Estado, porque ya ha recurrido la de la trabajadora despedida por el Ministerio de Defensa. El resto de las sentencias conocidas o posibles demandas que se resuelvan en las próximas semanas afectan a los gobiernos de las comunidades autónomas.
En este caso, el Ejecutivo contará con la complicidad de las organizaciones patronales ya que las empresas también deben aplicarse la sentencia europea en cuanto a los despidos de los trabajadores temporales.
