Por cuarto año consecutivo, en el 2017 los casi 8,6 millones de pensionistas verán incrementada su renta el mínimo del 0,25% que establece la ley, lo que supone unos tres euros mensuales de media más para cada una de las cerca de 9,5 millones de pensiones. El Consejo de Ministros aprueba este viernes el real decreto de revalorización para las contributivas y las no contributivas, una medida que solo tiene el respaldo del Gobierno del PP y de Ciudadanos, mientras los partidos de la oposición y los sindicatos la rechazan por considerarla muy por debajo de las previsiones de inflación y de crecimiento económico para el próximo año.
Precisamente la mejora de la economía de la que presume el Ejecutivo es una de las razones por las que CCOO y UGT han solicitado que la revalorización llegue al 1,2%. Una propuesta similar de Podemos, apoyada por el resto de los grupos de la oposición, está bloqueada en el Congreso al ejercer el Gobierno su derecho al veto de iniciativas que superen el gasto público.
A lo largo de este año que acaba el Gobierno ha actuado en dos frentes: por una parte enfatizando que los nuevos empleos creados están aumentando los ingresos por cuotas sociales y por otra, sacando dinero del Fondo de Reserva. Sin embargo, la recaudación no cubre el gasto del sistema, que no crece al ritmo de antes de la crisis. Noviembre ha dejado un déficit de 9.708 millones de euros, el 0,87% del producto interior bruto (PIB).
LA 'HUCHA', AL MÍNIMO
Este año ha continuado el vaciamiento de la llamada 'hucha' de las pensiones. En total, el Gobierno ha sacado 20.136 millones de euros para abonar las mensualidades y pagas extra de los pensionistas. El fondo, pues, está en mínimos: 15.195 millones de euros, el 1,4% del PIB. De seguir este ritmo, en el 2017 desaparecerá después de haber alcanzado un récord, en el 2011, de cerca de 67.000 millones de euros.
Con todas las alarmas sonando, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una medida a dotar de más ingresos a la Seguridad Social: la emisión de deuda pública para financiar las rentas de los pensionistas. Fuentes del Ejecutivo han realizado un cálculo provisional sobre esta emisión que debería suponer unos 20.000 millones de euros.
El debate político sobre pensiones está abierto en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados. El déficit de la Seguridad Social y la falta de mayoría del PP en el Parlamento van a hacer del 2017 el año en que se aborde una nueva reforma. El Pacto de Toledo ya lleva un año de retraso en la aprobación de nuevas recomendaciones que se espera estén aprobadas para el mes de abril próximo.
MÁS FINANCIACIÓN
Hasta ahora han presentado sus propuestas en el Pacto de Toledo los representantes de CCOO, UGT, CEOE y de las organizaciones de autónomos ATA y UPTA. El único punto de consenso constatado hasta ahora es que hay que buscar nuevas fuentes de financiación para la Seguridad Social.
De momento, además de la medida de emisión de deuda, el Gobierno baraja la posibilidad de que las pensiones de viudedad y orfandad se paguen directamente con los presupuestos del Estado, una propuesta que ha levantado recelos en el PSOE y en la UGT.
