La misma semana que Nissan ha anunciado el cierre de sus fábricas en Cataluña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desveló ayer un plan de apoyo al automóvil que se aprobará en uno de los próximos consejos de ministros. Este plan, que aprovechará parte de los 140.000 millones del fondo de recuperación europeo que le corresponderán a España, entre transferencias a fondo perdido y crédito, persigue estimular a un sector que supone en torno al 10% de la riqueza que se genera en el país.
El del automóvil, junto con el del turismo, es uno de los sectores en los que el Ejecutivo central volcará sus esfuerzos, según explicó Sánchez en la rueda de prensa posterior a la reunión con presidentes autonómicos. El jefe del Gobierno afirmó que el plan para la automoción se ha discutido con el sector y enmarcó este anuncio dentro de la iniciativa para transformar el sector hacia la movilidad sostenible y la transición ecológica, con vehículos eléctricos y más limpios.
La iniciativa tiene seis patas: medidas para la renovación del parque automovilístico, estímulo a la modernización del sector, impulso de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), la revisión de la fiscalidad que afecta a los vehículos, liquidez y financiación y medidas «en el ámbito laboral», concretó.
NUEVA MOVILIDAD / Sánchez también explicó que además se producirán iniciativas transversales como un «plan integral de apoyo a la industria» y aspectos como la armonización de las distintas medidas sobre movilidad, el hidrógeno verde, la cadena de valor de las baterías para coches eléctricos y el uso de las tecnologías de la información para la nueva movilidad.
El presidente, que admitió que el del motor ha sido uno de los sectores «más duramente golpeados» por la crisis del coronavirus, explicó que está previsto que sus actuaciones sean en apoyo «a lo largo de toda la cadena de valor». «Al tiempo también vamos a ayudar a acelerar la transición a vehículos más limpios y sostenibles en el marco de la transición ecológica en el que está comprometido el país», detalló.
En paralelo, Pedro Sánchez recordó que el Ejecutivo que lidera también prepara la anunciada ley de movilidad sostenible que, según aseguró, será el «marco regulatorio» para la fabricación y comercialización de este tipo de vehículos sostenibles.
LA URGENCIA / El automóvil y la crisis que atraviesa la industria ocuparon una parte de la reunión que mantuvo ayer Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó que se ponga en marcha «de forma urgente» una mesa nacional de la automoción en la que estén presentes el Gobierno central y las comunidades autónomas con un «peso relativo» en este sector, como es el caso de Castilla y León, comunidad en la que tiene fábricas Renault.
El objetivo de esta mesa es, según enumeró el presidente de la Junta, «promover la demanda e impulsar la digitalización de las plantas y de las unidades productivas» ya que, tal y como apuntó, se trata de un sector con un empleo de «calidad y cualificado» que genera valor añadido en el territorio y que «en este momento está amenazado».
Siguiendo en el ámbito industrial, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apostó por aplicar fondos de la Unión Europea (UE) a industrias «esenciales» para Galicia y España como Alcoa y su planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo), que la multinacional ha anunciado que cerrará parcialmente, lo que supondrá más de 500 despidos. Lo contrario sería, a modo de ver de Núñez Feijóo, un «gravísimo error».
Para el titular del Ejecutivo gallego, esta situación no es una «sorpresa», porque el Gobierno del presidente Pedro Sánchez lleva «desde octubre del 2018 comprometiendo» la continuidad de la empresa, sin «garantizar un precio máximo» de la electricidad a las industrias que son grandes consumidoras y sin poner «ninguna solución encima de la mesa». Pero «queda un pequeño margen de semanas», añadió Feijóo.
