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INFRAESTRUCTURAS CUESTIONADAS

El Gobierno aprobará este viernes el convenio para rescatar autopistas quebradas

Las vías radiales pasarán a una sociedad pública hasta su nueva lictación pública en el 2018

 

El ministro de Fomento Inigo de la Serna, en Pekin. - ZIPI (EFE)

EL PERIÓDICO
24/07/2017

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el convenio para que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, asuma la gestión de las autopistas de peaje en quiebra durante el periodo desde que revierten al Estado hasta que se liciten de nuevo a finales de 2018. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una entrevista que publica hoy el diario 'El País', en la que ha recalcado que la vocación del Gobierno "no es renacionalizar esas autopistas, sino volverlas a poner en el mercado".

El convenio, que se aprobará en la última reunión de julio del Consejo de Ministros, permitirá que Seittsa realice los estudios de tráfico y de demanda, así como de viabilidad, y después elaborará los pliegos y la auditoría de la situación de cada una de las autopistas para preparar a partir de ahí las condiciones de la relicitación, ha explicado el ministro.

Según De la Serna, el coste del proceso de reversión al Estado de las autopistas de peaje "se situará sustancialmente por debajo" de los 3.500 millones de euros, cifra "que figura como importe máximo en los pliegos de licitación". 

No obstante, el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado por primera vez sobre el despilfarro que supone el rescate de las autopistas radiales quebradas y, en un informe de auditoría de las cuentas del Estado, apunta que la factura pública podría alcanzar 3.718 millones de euros. Este es el importe al que tendría que hacer frente el Estado en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por el carácter fallido de las concesiones y la reversión de los activos a manos públicas. Un hecho que se producirá en los primeros meses del 2018, tal y como ha confirmado De la Serna. 

El objetivo del Gobierno es relicitar los activos en el mismo año por un importe aproximado a los 700 millones de euros y amortiguar el impacto del rescate sobre el déficit público. Pero difícilmente podrá compensar el coste de la RPA. En el informe del Tribunal de Cuentas se concreta que la responsabilidad patrimonial de la Administración, tanto por construcciones como por expropiaciones, alcanzaban los 3.718,3 millones de euros. "Todo ello, sin perjuicio de las indemnizaciones por expropiaciones de terrenos que el Estado tuviera que abonar en virtud de resoluciones judiciales que se puedan producir en futuros ejercicios", ha precisado el Tribunal de Cuentas.